La caída de una papabomba junto a un vehículo particular en la Avenida Pasoancho, frente a la Universidad del Valle el pasado miércoles, volvió a poner sobre la mesa una problemática que desde hace años afecta a la ciudad. Aunque los ocupantes del automóvil resultaron ilesos, entre ellos una niña de tres años que viajaba en la parte trasera, el hecho generó preocupación por las consecuencias que pudo haber tenido.
Según las autoridades, el artefacto fue lanzado desde el interior del campus universitario durante una jornada de disturbios en la que también se registraron ataques contra integrantes de la fuerza pública. El caso reavivó el debate sobre los alcances de la autonomía universitaria y las herramientas con las que cuentan las autoridades para intervenir cuando se presentan este tipo de situaciones.
En diálogo con El País, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, habló sobre las investigaciones en curso, las dificultades que, según él, existen para actuar frente a estos hechos y el mensaje que envía a las directivas de la Universidad del Valle.
¿Qué ha pasado desde que ocurrieron los hechos? ¿Qué información tienen las autoridades sobre lo sucedido en inmediaciones de la Universidad del Valle?
Lo que ocurrió fue el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados desde el interior de la universidad hacia la vía pública. Incluso se atacó a integrantes de la Fuerza Pública desde dentro del campus. Nosotros vamos a adelantar todas las acciones correspondientes para apoyar las investigaciones y lograr la captura y neutralización de las personas responsables.
Vale la pena señalar que este no es un hecho aislado. Situaciones similares han ocurrido en otras ciudades del país como Bogotá y Medellín. En Cali se presentan con alguna frecuencia, aunque no de manera permanente como ocurría hace algunos años. Nosotros hemos variado los dispositivos de seguridad con el objetivo de evitar que estas situaciones se sigan presentando.
Hoy tenemos grupos de reacción de la Policía ubicados de manera diferente a como estaban anteriormente, prácticamente sobre la Avenida Pasoancho, para evitar que estas personas salgan a afectar la convivencia y la movilidad del sector. Sin embargo, lo ocurrido el miércoles fue un lanzamiento de artefactos desde el interior de la universidad, lo que plantea que hay este vacío de hasta dónde puede actuar la fuerza pública.
¿Cuáles son esos desafíos?
Nos encontramos con un vacío respecto a los alcances de la actuación de la fuerza pública frente a la autonomía universitaria. Además, no hemos logrado una comunicación receptiva con las directivas de la universidad que permita contener las situaciones que se generan dentro del campus.
Nosotros queremos llamar a los directivos, a los docentes, a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria para que suministren información que permita acabar con este problema. Esto no solamente afecta a la universidad, sino también a la ciudad.
Cuál es el compromiso de la institución frente a la seguridad y la vigilancia dentro de sus instalaciones y cómo puede contribuir a contener estos hechos o facilitar la actuación de las autoridades cuando sea necesario.
Usted dice que no ha encontrado receptividad. ¿Cómo ha sido la relación con las directivas de la universidad durante estos meses?
Llevo cuatro meses en el cargo y hemos intentado, incluso por medio de la Gobernación del Valle, entablar diálogos alrededor de esta problemática.
El año pasado, sobre final de año, la universidad fue invitada a un debate en el Concejo de Cali para analizar esta situación y estudiar posibles medidas. También hemos sostenido conversaciones con personal relacionado con temas de seguridad dentro de la institución.
Sin embargo, no hemos encontrado una ruta clara que permita el accionar de la fuerza pública para evitar que estos hechos continúen ocurriendo. Las personas encapuchadas y el uso de artefactos explosivos no tienen nada que ver con expresiones pacíficas ni con debates universitarios. Son conductas que terminan afectando la movilidad, la convivencia y la seguridad de la ciudadanía.
Además, ponen en riesgo a los integrantes de la fuerza pública. En Cali tuvimos hace algunos años un policía asesinado en circunstancias similares y el miércoles estuvimos muy cerca de una desgracia por lo ocurrido sobre la Avenida Pasoancho.
Muchos ciudadanos se preguntan por qué estos hechos continúan ocurriendo. ¿Qué acciones han tomado desde la Secretaría de Seguridad para intentar frenarlos?
Nosotros compartimos esa preocupación. Hemos hablado del tema con la Fiscalía, con la Policía y con las demás autoridades judiciales.
Inicialmente reforzamos los dispositivos de prevención para evitar que estos hechos ocurran. Pero cuando se presentan, necesitamos establecer de manera clara cómo debemos actuar para contenerlos.
Por eso estamos invitando nuevamente a la universidad, a la Gobernación y a todas las entidades involucradas a revisar cuál es el marco normativo que regula estas situaciones. De alguna forma debemos actuar como autoridades y ponerle un freno definitivo a esta situación ya que no podemos acostumbrarnos a que siga pasando.
No es un asunto exclusivo de Cali, pero sí es un problema que afecta a la ciudad y que requiere soluciones concretas.
¿Qué han logrado establecer sobre las personas encapuchadas que participan en estos hechos? ¿Quiénes son?
A raíz de los hechos ocurridos en abril iniciamos rápidamente un proceso investigativo. Hoy tenemos una persona capturada por esos hechos.
Esa persona fue plenamente identificada, judicializada y posteriormente dejada en libertad por decisión de la justicia, aunque continúa vinculada al proceso.
No es la única persona que tenemos vinculada a las investigaciones. Existen otros procesos en curso y las autoridades siguen avanzando para legalizar nuevas capturas y llevar a esas personas ante la justicia.
Además, previamente ya existían investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en la Universidad del Valle y con situaciones similares registradas en la ciudad durante los últimos años.
Queremos determinar de manera clara y concertada con todas las autoridades cuál es el marco que delimita la actuación cuando se presentan hechos como los de esta semana cuando hay una flagrancia evidente.
Porque una cosa es la investigación judicial, que sigue avanzando y que ya ha producido resultados. Pero otra es determinar qué ocurre cuando hay una flagrancia inminente, cuando una persona está atacando a la fuerza pública o a la comunidad y se encuentra prácticamente al otro lado de una malla al interior de la Universidad.
Eso es justamente lo que estamos revisando con las autoridades competentes. Ninguna interpretación normativa puede estar por encima de la vida y de la seguridad de los ciudadanos.
Si tuviera al rector de la Universidad del Valle frente a usted, ¿qué le diría?
Le pediría que colabore con las autoridades. La universidad no puede convertirse en un lugar donde encuentren refugio personas que siguen atacando a la comunidad y alterando la convivencia y la seguridad de la ciudad. No puede ser ese lugar refugio de terroristas y que están afectando la seguridad.
Lo que ocurre allí genera temor entre los ciudadanos y afecta especialmente a quienes transitan por ese sector. Además, se trata de una situación que se repite constantemente y para la que todavía no hemos encontrado una solución definitiva.
¿Considera que la autonomía universitaria ha terminado siendo complaciente con quienes protagonizan estos hechos?
Como ciudadano me resulta difícil pensar que las directivas, los docentes o los estudiantes no sepan qué está ocurriendo o quiénes son las personas que realizan estas actividades, porque se movilizan libremente dentro de la universidad.
Lo que estamos pidiendo es que colaboren con las autoridades para solucionar un problema de ciudad. No podemos acostumbrarnos a convivir con esta situación.
No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de esta administración. Es algo que viene ocurriendo desde hace más de una década y no puede ser que después de 10 o 12 años sigamos enfrentando el mismo problema sin haber encontrado una solución.
La universidad debe poner de su parte, al igual que la Alcaldía, la fuerza pública y las demás instituciones involucradas. Sus directivos, docentes y estudiantes deben contribuir para que siga siendo un centro de formación para los jóvenes y no un escenario para este tipo de actividades.