Por ser el responsable de cometer presuntas irregularidades en el nombramiento del jefe de la Oficina de Control Interno, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de El Cairo, Valle del Cauca, Alfonso Aristizábal Gómez.
Según informó el Ministerio Público, el exmandatario -que desempeñó ese cargo del 2020 al 2023- habría nombrado a un funcionario que no logró acreditar de manera completa su experiencia profesional.
“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, al parecer, el entonces alcalde nombró para ocupar el cargo, para el periodo entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, a un servidor que acreditó una experiencia profesional incompleta”, reza el comunicado del ente de control.
A su juicio, al omitir el disciplinable que la persona designada no cumplía con las exigencias mínimas pudo desconocer el régimen de prohibiciones, comportamiento con el que posiblemente quebrantó los principios de moralidad y eficacia, por lo que de manera provisional lo calificó como falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.
Suspendido provisionalmente
El pasado 5 de octubre, el ente de control suspendió de manera provisional por tres meses al personero de El Cairo, Vanny Yefre Perea Mosquera, por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad municipal.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago abrió una investigación disciplinaria al funcionario y señaló que, al parecer, se presentaron denuncias por situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas.
El Ministerio Público resaltó que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley, garantizando la protección de las víctimas, el debido proceso y el acompañamiento institucional durante cada una de las etapas de la investigación.
El ente de control advirtió que la medida cautelar, que puede ser prorrogada por el mismo término, se tomó por encontrarse el disciplinable en ejercicio de sus funciones desde febrero de 2024, y evitar una eventual reiteración de las conductas sobre las que hubo quejas.
Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si estos son constitutivos de falta disciplinaria y determinar si los funcionarios involucrados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, en el marco de las garantías del debido proceso y las normas que rigen la función pública.