En un hecho inédito para el sistema penitenciario del país, más de 4.300 personas privadas de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá presentaron una propuesta colectiva destinada a combatir la criminalidad y contribuir al desarrollo social.
A través de una carta enviada por Johana Bahamón, representante de la Fundación Acción Interna, los voceros de derechos humanos y convivencia de siete patios se dirigieron directamente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para solicitar un espacio de diálogo y dar a conocer sus compromisos.
La iniciativa contempla dos ejes fundamentales que buscan transformar la dinámica carcelaria y frenar el delito digital. En primer lugar, los reclusos tomaron la decisión voluntaria de entregar los teléfonos celulares que se encuentran al interior de los patios, en un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esta acción pretende desarticular las redes de extorsión, un delito que impacta severamente la tranquilidad del país y la convivencia interna en los penales.
“Ninguna de las dos propuestas está condicionada a ningún tipo de beneficio o privilegio. Después de más de catorce años trabajando en las cárceles de Colombia, pocas veces he escuchado una propuesta colectiva con una voluntad tan clara de contribuir a la sociedad”, puntualizó Johana Bahamón en el documento entregado al jefe de Estado.
El segundo componente de la propuesta se enfoca en la resocialización mediante el trabajo productivo. Los internos se ofrecieron a fabricar pupitres, confeccionar uniformes escolares, elaborar mobiliario hospitalario y aportar mano de obra para la construcción y reparación de carreteras.
Frente a este panorama, el director de Comunicaciones e Inclusión Social de la fundación, Camilo Higuera, explicó en Caracol Radio que la extorsión no involucra a la totalidad de la población carcelaria y que el objetivo principal es reorientar el tiempo libre hacia actividades constructivas.
“Desde la Fundación Acción Interna estamos dispuestos a acompañar la articulación y ejecución de esta iniciativa, con las condiciones legales, laborales y de seguridad correspondientes. Señor Presidente, hay miles de personas en nuestras cárceles dispuestas a trabajar, aprender y contribuir a la sociedad. Pongo a su consideración la posibilidad de escucharlos personalmente”, detalló la comunicación oficial de la organización.
Con esta propuesta, los voceros penitenciarios buscan responder a las nuevas directrices de seguridad nacional, promoviendo una retribución tangible a la comunidad mientras cumplen sus respectivas condenas.