Durante diez días consecutivos, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, Medellín no registró un solo homicidio. El hecho marca un hito para una ciudad que durante décadas enfrentó altos niveles de violencia y que ahora proyecta cerrar 2026 con la tasa de asesinatos más baja de su historia. En Cali, lo máximo que se ha logrado en los años recientes es tener tres días consecutivos sin asesinatos.
Mientras la capital antioqueña este 2026 acumula 120 homicidios con corte al 3 de junio, la capital vallecaucana sigue enfrentando cifras muy superiores, con 479 casos entre el 1 de enero y el 6 de junio, y podría terminar nuevamente como una de las ciudades más violentas del país.
Dos ciudades, dos criminalidades distintas
Para Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente en políticas públicas y seguridad ciudadana, la primera diferencia es que Medellín y Cali enfrentan fenómenos criminales completamente distintos.
“Comparar las dos ciudades en el tema homicidios no es sencillo”, expresó. “Medellín tiene ya una consolidación de más de 20 años donde sistemáticamente se ha venido reduciendo el fenómeno del homicidio y por eso los resultados de hoy son esos”.
Según Rojas, en Medellín se ha configurado una especie de “gobernanza criminal” en la que estructuras delincuenciales más estables han logrado controlar sus disputas internas, reduciendo los homicidios porque estos también generan presión de las autoridades y facilitan el rastreo de organizaciones ilegales.
En Cali, en cambio, el panorama es diferente. “Aquí tenemos una cantidad de estructuras. No hay una gobernanza criminal. No hay, por lo menos reportados, unos acuerdos entre cabecillas que incidan directamente en reducir la letalidad de sus confrontaciones”, señaló.
Una visión similar tiene el coronel (r) Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y consultor en seguridad nacional, quien asegura que la fragmentación criminal en la ciudad es uno de los principales obstáculos.
“Cali no tiene un proceso de paz urbana. Lo más cerca es un proceso de Shottas y Espartanos en Buenaventura que funciona a media máquina. Más de 190 bandas y oficinas con control territorial en Cali luchan por un espacio en el microtráfico, el narcotráfico, las plazas de vicio, el gota a gota, la extorsión y el secuestro”, afirmó.
El peso del narcotráfico en el suroccidente
Los expertos coinciden en que la ubicación geográfica de Cali también marca una diferencia frente a Medellín.
Para Rojas, buena parte de la violencia homicida en la ciudad está asociada a una dinámica regional. “En el caso de Cali estamos hablando de una incidencia plenamente en todo el suroccidente colombiano, en una conexión muy fuerte, que no tiene Medellín, con el puerto de Buenaventura, con todo lo que pasa en Puerto Tejada, en Jamundí, en Santander y hacia el sur del resto del país”, explicó.
Soler sostiene que la ciudad se ha convertido en un punto estratégico para las economías ilegales. “Cali termina siendo la capital del suroccidente. Todo pasa por Cali, las rentas ilegales. Eso hace que, tal vez, en los últimos 32 años haya sido la ciudad más violenta de Colombia” con muy pocas excepciones, aseguró.
Recursos, inteligencia y liderazgo
Otro de los factores que explican los resultados de Medellín, según Soler, es la capacidad de inversión que tienen tanto la Alcaldía como la Gobernación de Antioquia.
“El gobernador y el alcalde trabajan con mucho dinero porque la Gobernación y la Alcaldía de Medellín tienen un presupuesto altísimo (...) porque son socios en Hidroituango, lo que les da una solvencia económica que ningún otro departamento y ciudad de Colombia tienen”, destacó. Eso, de acuerdo con el consultor en seguridad, les permite invertir en sistemas de videovigilancia, movilidad para la Fuerza Pública, inteligencia y contrainteligencia.
A su juicio, Cali necesita una apuesta mucho más fuerte en materia de recursos para seguridad, pero también una mayor coordinación entre instituciones.
“A Cali le falta, primero que todo, inversión. Que el Gobierno Nacional la priorice. Asimismo, insiste en la necesidad de fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas e investigativas. Entre las medidas que plantea están un mayor control sobre las motocicletas sin placa, el aumento del pie de fuerza, la recuperación del espacio público y la formalización de viviendas en sectores periféricos. “El tema del deporte realmente ha estado muy flojo en el gobierno de Alejandro Eder”, añadió.
También considera clave reforzar la capacidad investigativa de la Fiscalía, el CTI, la Dijín y la Sijín para identificar estructuras criminales, mapear sus zonas de influencia y concretar allanamientos y capturas.
A esto suma la incorporación de herramientas tecnológicas, como drones con identificación facial y lectura de placas, además de una capacidad de reacción más rápida por parte de las autoridades “para lo que se requieren motos 650 y camionetas con motor de persecución”.
Rojas coincide en que la articulación institucional sigue siendo uno de los retos más importantes.
“Se requiere una mayor coordinación entre autoridades del nivel local, regional y nacional, incluso internacional”, aseguró. “Sin el apoyo y la participación activa del Gobierno Nacional es imposible producir resultados estructurales”.
¿Puede Cali copiar el modelo de Medellín?
Aunque Medellín suele ser presentada como un referente en materia de reducción de homicidios, los expertos advierten que replicar su estrategia no es tan sencillo.
“Yo no recomendaría replicar modelos. Me parece que en ninguna parte funciona esa lógica”, señaló Rojas. Sin embargo, considera que sí es posible aprender de algunas experiencias exitosas.
“Puede haber transferencia de conocimiento”, indicó. En ese sentido, destacó esfuerzos realizados en Medellín para fortalecer los observatorios de seguridad, la microfocalización territorial, la coordinación entre Policía, Fiscalía y Alcaldía, la intervención en barrios críticos, la atención a jóvenes vulnerables y el uso estratégico de datos para orientar las decisiones públicas.
No obstante, Rojas advirtió que hay aspectos que no deberían trasladarse a Cali. “No se trata de reducir estadística por estadística, sino de impactar estructuralmente la dinámica criminal que tenemos en el suroccidente colombiano”, dijo. En ese sentido, cuestionó que una política pública pueda sustentarse en eventuales acuerdos o alianzas entre estructuras criminales para disminuir la visibilidad de la violencia, pues considera que ese tipo de enfoques no ofrecen soluciones sostenibles a largo plazo.
Soler, por su parte, considera que buena parte del modelo sí podría adaptarse a Cali, siempre que exista voluntad política y capacidad financiera.
“El modelo de Medellín es replicable en Cali, pero necesita recursos, liderazgo, conocimiento y fortaleza en las instituciones”, manifestó.
La prevención, una tarea pendiente
Más allá de las capturas y los operativos, ambos especialistas coinciden en que la reducción sostenida de los homicidios requiere intervenciones sociales profundas.
“Noto con mucha preocupación que gran parte de los recursos se focalizan en actividades logísticas y en apoyar capacidades, pero muy poco en prevención”, advirtió Rojas.
Soler menciona la necesidad de fortalecer programas deportivos, culturales y educativos.
“Hay que trabajar mucho en lo cultural. La cultura de la no violencia es un trabajo que hay que hacer desde las universidades y los colegios. Requiere un esfuerzo para lograr salvar a la juventud a mediano plazo”, sostuvo. “Además de solucionar temas básicos como acueducto, alcantarillado, titulación de vivienda, generar oportunidades laborales y contar con gestores de convivencia”, concluyó Soler.