Fiscalía acusó al exalcalde de Quibdó y a dos exfuncionarios por presuntas irregularidades en contrato de aseo

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exalcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, y dos exfuncionarios de su administración por las presuntas irregularidades detectadas en un proceso de contratación para la prestación del servicio de aseo adelantado en 2021.

Junto al exmandatario fueron acusados la entonces secretaria general, Gloria Lizeth Palacios Córdoba, y el coordinador de contratación de la época, Beymar Alexander Mosquera Borja, quienes deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Chocó, las presuntas anomalías se habrían presentado durante las etapas precontractuales de dos licitaciones públicas cuyo propósito era contratar los servicios de aseo y generales para las instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras dependencias de la Alcaldía de Quibdó.

Según la Fiscalía, las actuaciones investigadas terminaron con la celebración, en febrero de 2021, de un contrato por $1.568 millones, sin que, presuntamente, se hubieran cumplido todos los requisitos legales establecidos para este tipo de procesos.

Entre los hallazgos recopilados por el ente acusador se encuentran la presunta eliminación de una de las licitaciones de la plataforma SECOP II, el uso de documentos correspondientes a otro proceso contractual que, al parecer, no contaba con aviso de convocatoria ni con los estudios previos requeridos.

La investigación también señala que, presuntamente, se modificaron el cronograma y el presupuesto de la contratación sin los soportes técnicos exigidos y que el contrato fue adjudicado por fuera de la fecha prevista en el pliego de condiciones.

Con base en estos elementos materiales probatorios, la Fiscalía formalizó la acusación contra los tres exfuncionarios, quienes deberán comparecer ante la justicia para enfrentar el proceso judicial.

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales sanciona a los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación estatal desconociendo las exigencias previstas por la ley para garantizar la transparencia y la legalidad de estos procedimientos.

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales sanciona a los servidores públicos que intervienen en procesos de contratación estatal desconociendo las exigencias previstas por la ley para garantizar la transparencia y la legalidad de estos procedimientos.