La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Sala de Casación Civil del mismo alto tribunal que declare improcedente la acción de tutela interpuesta por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la banda ‘La Inmaculada’, que busca detener su extradición a Estados Unidos.
El argumento de los abogados del criminal fue que se dio una supuesta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
En el desarrollo de este trámite judicial, se conoció el concepto emitido por la Sala Penal bajo la firma del magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema en 2024, en el cual se dirigió a sus colegas de la Sala Civil para defender la decisión inicial de avalar la extradición.
El togado argumentó que el procedimiento “se ajusta a la normativa aplicable” y recordó que, al estudiar un pedido de extradición, a la justicia colombiana no le corresponde realizar un examen material sobre los delitos ni juzgar si la persona es culpable o inocente.
El magistrado explicó que el trámite de extradición no se concibió como un escenario para adelantar juicios de fondo sobre la materialidad de las conductas punibles, la responsabilidad del requerido ni la validez o suficiencia de las pruebas que sustentan la solicitud, pues esos son debates que el procesado debe dar directamente ante la autoridad judicial extranjera que lo requiere.
Chaverra concluyó que los hechos atribuidos por la justicia norteamericana a Marín Silva guardan plena identidad con los delitos colombianos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso o tenencia de semisumergibles.
La tutela se convirtió en la última carta que se jugó la defensa de Marín Silva para evitar su viaje. El documento calificó el inminente traslado como “un perjuicio irremediable” y solicitó a la Corte que se decretara la suspensión inmediata de cualquier trámite tendiente a su entrega, lo que incluía frenar el envío del expediente al Ministerio de Justicia, detener la resolución presidencial y prohibir cualquier diligencia de traslado o custodia policial.
‘Pipe Tuluá’ alegó que ser remitido a una jurisdicción extranjera para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas vulneraba sus garantías constitucionales. Su defensa insistió en que se estaban desconociendo sus derechos a la contradicción y a la libertad personal, intentando así dilatar el proceso administrativo que ya se encuentra en su fase final.
Es de resaltar que proceso de extradición de Marín Silva ya se encuentra aprobada en todas sus instancias, luego del concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y la posterior firma del presidente Gustavo Petro en la resolución ejecutiva que oficializó la decisión del Gobierno Nacional.
*Con información de Colprensa y redacción de El País