El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) cumplió con una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al retractarse públicamente sobre las declaraciones que había hecho contra el fiscal Mario Burgos, quien es recordado por acusar a su hijo mayor Nicolás Petro.
El primer mandatario había acusado al funcionario judicial sin mostrar pruebas de tener algunos vínculos con el narcotráfico y de ser responsable en el favorecimiento de personas implicadas en el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, expresó Petro en las primeras líneas de su retractación.
A renglón seguido, aclaró que sus opiniones sobre el fiscal Burgos las hizo como manera de hacer control político.
“Las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático”, aseguró.
Asimismo, reiteró que mantiene su respeto a la independencia judicial, pero que eso no le impide manifestar una crítica hacia lo que considera que no está bien por parte de los actos de funcionarios judiciales.
“Reafirmo mi compromiso con la independencia judicial como pilar del Estado Social de Derecho, al tiempo que mantengo mi prerrogativa constitucional de ejercer la crítica política sobre asuntos de interés general que afecten la transparencia institucional y la confianza ciudadana, siempre con el respeto y garantía a los derechos humanos”, insistió el jefe de Estado.
Y explicó que “esta declaración representa un acto de acatamiento a las decisiones judiciales, pilar fundamental de nuestra institucionalidad democrática”.
Sin embargo, advirtió que su posición sigue siendo la misma acerca de que, según él, en la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía hubo una cooptación de una junta del narcotráfico en una parte de la dirección del ente acusador.
Posteriormente, manifestó una “preocupación legítima” de no poder hacer esta retractación a través de una alocución presidencial, debido al reciente fallo del Consejo de Estado que limita estos pronunciamientos
“Así, una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar. Surge entonces una tensión institucional profunda: ¿es constitucionalmente proporcional limitar la voz del Presidente de la República cuando el tema en debate es la transparencia de la justicia, fundamento de la confianza ciudadana y del principio de unidad nacional consagrado en el artículo 188 de la Constitución?“, cuestionó.
En ese sentido, le manifestó a las altas cortes que la decisión del Consejo de Estado la considera como una contradicción que genera una “censura institucional”. Además, dijo que en lo que va de su Gobierno no se ha censurado a la prensa
“Por ello, callar ahora ante una orden judicial que impide comunicar al país sobre asuntos de interés nacional sería desconocer el deber republicano de hablar con transparencia al pueblo soberano”, resaltó.