Van ocho. Ese es el número de integrantes de la fuerza pública colombiana que, de acuerdo con los casos registrados hasta el momento, terminaron secuestrados por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca.
El último nombre en engrosar esa lista es el del infante de marina profesional Anderson Sancho Guar, de quien no se tiene rastro desde el 9 de agosto de 2026, como bien tenía documentado la prensa regional y local.
Sancho Guar fue visto por última vez en una vía rural del municipio de Inzá, en el oriente del departamento del Cauca. Se movilizaba en motocicleta y posiblemente fue interceptado hacia las 5:00 de la tarde de ese día. No estaba en operaciones, no portaba uniforme ni armamento: estaba de vacaciones y se dirigía a la vereda San Rafael a visitar a su familia, en la misma región donde nació.
La Armada de Colombia atribuyó el secuestro a la estructura Dagoberto Ramos, una de las facciones disidentes con mayor presencia en la zona, y difundió un mensaje bajo el lema “¡Libérenlo ya!”.
En su comunicado, la institución reveló un dato que agrava la situación: el infante de marina padece osteomielitis crónica, una enfermedad ósea que exige tratamiento y control médico permanentes. “Exigimos su liberación inmediata y hacemos un llamado a respetar su vida e integridad”, puntualizó la Armada.
Los allegados del uniformado han manifestado que hasta ahora no han recibido ninguna información verificable ni una prueba de vida que les permita saber dónde está o en qué condiciones se encuentra.
A través de piezas gráficas que circulan en redes sociales, la familia lanzó un llamado humanitario: solicitan que, en caso de que Anderson esté bajo el poder de algún grupo armado, se entregue una prueba de vida, se garantice su integridad y se permita su regreso a casa.
La comunidad de Inzá también se sumó al reclamo. Bajo la consigna “Es hijo de esta tierra”, vecinos, amigos y organizaciones locales han exigido respuestas sobre su paradero y su devolución con vida.
El caso de Sancho Guar no es aislado. Los ocho secuestros de militares y policías registrados en el Cauca comparten un patrón que se ha vuelto rutinario en el departamento: los uniformados no fueron capturados en combate.
En la mayoría de los episodios, las víctimas viajaban vestidas de civil, en transporte público, motocicletas o vehículos particulares, durante permisos, licencias o periodos de vacaciones. Su destino era el mismo: reencontrarse con sus familias. Varios de ellos, además, son originarios de municipios caucanos, lo que los hace fácilmente identificables en sus propios territorios.
Para expertos y organizaciones de derechos humanos, estas retenciones representan una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, en tanto se ejercen contra personas que estaban fuera de combate, desarmadas y en condición de civiles al momento de los hechos.
Mientras las autoridades adelantan labores de búsqueda y verificación, la familia de Anderson Sancho Guar mantiene abierta la petición: cualquier información verificable puede ser entregada directamente a sus familiares o a las entidades competentes.
“Su familia lo espera. Sus amigos lo esperan. Su comunidad lo espera”, dice el mensaje que se replica desde hace días en redes sociales, mientras Inzá aguarda el regreso de uno de los suyos.