Entre el 23 de marzo y el 10 de abril, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las pruebas del Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso proyecto diseñado para enfrentar el creciente uso de drones por parte de grupos armados ilegales, que han causado la muerte de soldados, policías y civiles en diferentes regiones del país.
La iniciativa, con un costo de $6,2 billones, busca fortalecer la seguridad nacional mediante la adquisición de sistemas tecnológicos capaces de detectar, neutralizar y anticipar amenazas provenientes de aeronaves no tripuladas.
El proyecto está liderado por un equipo multidisciplinario conformado por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes trabajan en conjunto con expertos en tecnología y defensa.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hay interés internacional en esta materia, con 20 países ofreciendo soluciones tecnológicas, y un total de 115 empresas invitadas a presentar propuestas, de las cuales 101 ya han confirmado la recepción de la invitación.
“Desde hace más de tres meses hemos anunciado esta iniciativa. Hemos visitado ya ocho países: Catar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido, conociendo no solamente capacidades antidrones sino de defensa: blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento, todo para lograr una autonomía estratégica y una diversificación en los sistemas de armas de nuestra Nación”, explicó Sánchez durante un reciente pronunciamiento.
El Escudo Nacional Antidrones no solo busca proteger a las fuerzas de seguridad, sino también garantizar la seguridad de la población civil, evitando ataques con drones que se han vuelto cada vez más frecuentes. Desde abril de 2024, el Ejército ha confirmado que se han registrado al menos 400 ataques de este tipo, lo que evidencia la urgencia de implementar sistemas de defensa eficaces y confiables.
Para asegurar la transparencia del proceso de adquisición, el Ministerio de Defensa contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia y de una firma especializada en contratación estatal, asegurando que las compras se realicen bajo los más altos estándares de legalidad y eficiencia.
Los equipos que serán evaluados durante las pruebas incluyen tecnologías de detección, intercepción y neutralización de drones, con el objetivo de determinar cuáles cumplen con los requerimientos de operación en distintos escenarios de seguridad.
Según el Gobierno, el proyecto representa un paso significativo en la modernización de la defensa nacional y la adopción de tecnologías estratégicas.
*Con información de Colprensa y redacción El País.