La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías los argumentos con los que sustentó la imputación de cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las FARC.
La imputación fue presentada luego de que el juez declarara al procesado como persona ausente. Durante la audiencia, el ente acusador expuso los hechos que, según la investigación, relacionan al señalado comandante con varios crímenes ocurridos en medio de la confrontación entre estructuras armadas ilegales.
Entre los delitos atribuidos se encuentran concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía estuvo relacionado con tres masacres registradas entre enero de 2025 y enero de 2026 en los municipios de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, en Guaviare. Según el ente investigador, estos hechos dejaron 54 víctimas mortales, entre ellas 11 menores de edad y siete integrantes del Ejército Nacional.
Durante la audiencia, el fiscal explicó uno de los episodios más relevantes de la investigación: el ataque contra una unidad militar ocurrido el 27 de abril de 2025 en San José del Guaviare, donde murieron siete militares.
“La muerte de 7 militares en Guaviare. Este hecho se presenta el día 27 de abril del año 2025. En las primeras horas de la madrugada, en jurisdicción de San José del Guaviare, integrantes del frente, actuando dentro de la estructura armada jerárquicamente organizada y bajo el dominio de mando de Alexander Díaz Mendoza, ejecutaron una acción armada que ocasionó la muerte de siete militares del Ejército Nacional”, señaló el fiscal.
La Fiscalía también sustentó la imputación por el ataque ocurrido el 16 de enero de 2026 contra integrantes del Bloque Martín Villa. Según el expediente, miembros del frente Isaías Carvajal realizaron una incursión armada con superioridad numérica y de armamento, que dejó al menos 27 personas muertas, incluidos cuatro menores de edad.
Otro de los casos expuestos fue la masacre ocurrida el 18 de enero de 2025 en la vereda Miravalles, en Calamar, donde fueron asesinadas 20 personas, siete menores y 13 adultos.
Para la Fiscalía, estos hechos hacen parte de una estructura organizada con líneas de mando definidas. “Los ejecutores materiales no actuaron como sujetos aislados, autónomos o desvinculados de la organización, sino como integrantes subordinados”, afirmó el delegado judicial.
La investigación también incluye seis homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz, la desaparición de un comerciante en El Castillo, Meta, y el presunto reclutamiento de una adolescente de 14 años en Garzón, Huila.
Al cierre de la audiencia, la Fiscalía aseguró que los hechos atribuidos no tenían justificación legal y que la confrontación entre grupos armados ilegales no permitía ordenar ni ejecutar ataques contra civiles o miembros de la Fuerza Pública.