La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ha propinado un golpe estructural a una presunta red trasnacional de lavado de activos.
El operativo se centró en la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink, la cual habría sido utilizada como fachada para ingresar recursos de origen ilícito y de contrabando al territorio colombiano. Según el ente acusador, las maniobras delictivas involucran una cuantía que supera los 730.000 millones de pesos.
Las investigaciones, que contaron con el apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), revelaron la existencia de un complejo entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y las denominadas sociedades de papel.
Estas empresas de fachada simulaban operaciones de comercio exterior para dar una apariencia de legalidad al ingreso de mercancías. Entre los productos distribuidos bajo esta modalidad se encuentran prendas de vestir, juguetes y cosméticos que inundaron el mercado nacional sin cumplir con los requisitos legales.
El despliegue de las autoridades permitió la ocupación, con fines de extinción de dominio, de un total de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Estas diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país, donde la cadena de almacenes tiene una fuerte presencia.
El valor de la mercancía aprehendida y decomisada por la DIAN durante el proceso asciende a más de 54.000 millones de pesos, mientras que el contrabando detectado superaría los 75.000 millones de pesos.
Un análisis detallado de la estructura societaria de la empresa, operada bajo la razón social Fast Moda S.A.S., arrojó datos inquietantes sobre su propiedad. Aunque la marca fue fundada en 2006 por los empresarios Max y David Abadi, en el año 2015 se registró una venta a un comprador cuya identidad no fue confirmada documentalmente.
Entre 2015 y 2020, existe un vacío de información pública sobre quiénes fueron los verdaderos dueños de la compañía, un periodo que resulta clave para la trazabilidad de los fondos investigados.
En junio de 2020, se creó formalmente Fast Moda S.A.S. en Colombia, inicialmente bajo el control de la sociedad Malta Blue, con sede en Panamá. Sin embargo, pocos meses después, el control accionario pasó a manos de Bestsea Blue, otra firma panameña cuya estructura protege la identidad del beneficiario final.
Esta triangulación financiera en paraísos fiscales es señalada por la fiscal del caso como una táctica diseñada para dificultar el seguimiento del dinero y fragmentar las transacciones financieras.