La captura de ocho personas, presuntamente relacionadas con los traslados de peligrosos delincuentes a la cárcel de mínima seguridad de Yotoco es solo una parte de la investigación que adelantan las autoridades acerca de una red que tiene un complejo método para conseguir estos cambios e, incluso, libertades.
“En esta cadena aparecen abogados, un juez, médicos legistas, funcionarios de alcaldías y personas del común -familiares de los detenidos- que se prestaban para decir que vivían en determinada ciudad como Florida o Yotoco y que estaban enfermas, por lo que pedían que su familiar fuera llevado a esa cárcel”, explicó una fuente de la investigación.
Le puede interesar: Envían a prisión a seis de los detenidos por corrupción en cárcel de Yotoco.
Los traslados a penales de mínima seguridad les permite a los reclusos tener más libertades. Y en algunos casos, según la Fiscalía, “entran y salen de las cárceles”. En la audiencia por el caso de la cárcel de Yotoco se aseguró que uno de los reos llegó a viajar a Chile y a ir de vacaciones a San Andrés.
Precisamente, el lunes la Fiscalía Especializada de Cali le imputará cargos al juez 25 de control de garantías, César Alpidio Blandón (detenido por otros hechos) por supuestas irregularidades en 19 tutelas en las que resolvía traslados o libertades de delincuentes.
En esta ocasión, el juez será sindicado de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica. Uno de los casos, denunciado por la propia fiscalía en julio de 2015, es la orden de libertad provisional para el jefe de los ‘Rastrojos’ alias Picante, y 21 de sus hombres, acusados de 35 homicidios en el Valle del Cauca.
Blandón también fue mencionado por un fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado en las audiencias contra los detenidos en la investigación de la cárcel de Yotoco. En esa operación, realizada el 4 de julio, arrestaron al ex Secretario de Gobierno y actual asesor jurídico de la alcaldía de esa población, Hermes Alberto García Perdomo, quien, según el ente acusador, le enviaba al director nacional del Inpec oficios solicitando los traslados.
“Cuando se dan esos traslados a cárceles municipales, los directores o las alcaldías deben decirle al Inpec, que tienen cupos y la capacidad económica de recibir a los reclusos que serán trasladados. Por eso en varios casos, aparte del de Yotoco, estamos investigando cómo municipios con recursos limitados terminan recibiendo muchos presos”, indicó un funcionario.
Le puede interesar: Así se hacían los traslados irregulares de presos a la cárcel de Yotoco.
Según el fiscal del caso de Yotoco, en ese proceso particulares rendían declaraciones extrajuicio en las notarías de Cali, en donde “certificaban que conocían de trato y de vista al recluso que debían trasladar allí. Con estas declaraciones extrajuicio, interponían las acciones de tutela, que eran falladas por el Juez 25 penal de Cali, César Alpidio Blandón”.
Incluso, en esa audiencia, el fiscal le dijo a uno de los defensores de los detenidos que por “lealtad procesal le recomendaba que renunciara a ese proceso o se declarara impedido porque en él iba a ser un indiciado más”.
Es que, fuentes de la Fiscalía, revelaron que esta es solo la primer pieza de la investigación, pues existe toda una cadena criminal de corrupción en traslados, domiciliarias y libertades. Hay más de 20 personas indiciadas.
Los médicos legistas
El 17 de mayo pasado, dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Palmira fueron detenidos por la emisión presuntamente fraudulenta de dictámenes médicos para favorecer personas privadas de la libertad para que pudieran acceder a beneficios legales, como prisión domiciliaria.
Este, según la Fiscalía, es otro de los eslabones de la cadena de presunta corrupción.
La investigación inició por una denuncia interpuesta por el propio director nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien explicó que ellos tienen un sistema de control, que les reveló que habían presuntas irregularidades en varios dictámenes.
La Fiscalía 8 Delegada ante el Tribunal inició la investigación con el apoyo del CTI- Cali y hallaron las irregularidades en siete casos.
Uno de esos hechos, indicaron las autoridades, es el de Humberto Arias Jr., hijo del fallecido dirigente deportivo Humberto Arias, quien es procesado como presunto responsable del homicidio de un contador, en enero del 2015.
Arias, según la Fiscalía, habría ordenado el homicidio del contador Carlos Alberto Sarria Posada, al parecer, por problemas de la millonaria herencia de su papá.
En ese caso se ha solicitado varias veces la libertad de Arias. Algunas de ellas por vencimiento de términos en una apelación ante el Tribunal Superior. Y en la última ocasión se pidió la detención domiciliaria de Arias, basados en un dictamen de hipertensión arterial, dado por uno de los legistas.
Sin embargo, un juez de Control de Garantías, no le otorgó la libertad porque Arias se negó a que se le realizara un segundo concepto de ese dictamen.
Además, en este caso, Arias, investigado por homicidio agravado, está recluido en la cárcel de mínima seguridad de Florida.
“Hemos recibido información de que entra y sale de esa cárcel y que lo han visto hasta en el lago Calima. Estamos investigándolo”, dijo una fuente de la Fiscalía.
La cadena de traslados
- En la cadena de traslados o detenciones domiciliarias investigados, presuntamente, participan médicos legistas que certifican enfermedades de los reclusos.
- También estos médicos certifican que el familiar de un recluso se encuentra enfermo y no puede trasladarse hasta las cárceles de las ciudades.
- Con estos certificados instauraban acciones de tutela para pedir los traslados de los reclusos a los penales municipales. En otros casos no tenían certificados médicos sino que las tutelas alegaban vencimiento de términos.
- En otros casos investigados se instauraban tutelas para pedir la detención domiciliaria de los detenidos.
- Incluso, a alias Picante, cuando fue capturado la primera vez le dieron esta medida.