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Tras ser allanada la semana pasada, la cárcel municipal de Yotoco fue cerrada. Los nueve reclusos que se encontraban allí fueron trasladados. | Foto: Especial para El País

FISCALÍA

Envían a prisión a seis de los detenidos por corrupción en cárcel de Yotoco

Las dos personas que no fueron cobijadas con la medida son una enfermera y la esposa de alias Cosa, jefe de la banda de La Cordillera y uno de los detenidos que accedió al traslado a Yotoco.

13 de julio de 2017 Por: Redacción de El País 

El juez ambulante Penal Municipal de Buga envió a la cárcel a seis de las ocho personas capturadas, presuntamente, vinculadas a una red de corrupción que, mediante acciones de tutela, lograba traslados de cárceles para cabecillas e integrantes de estructuras criminales.

Lea también: Así se hacían los traslados irregulares de presos a la cárcel de Yotoco.

“Con fallos de tutela, aparentemente, lograban traslados de cabecillas criminales. Entre los capturados por la Fiscalía están el director y tres guardianes de la cárcel de Yotoco, que tuvo que ser cerrada”, indicó la Fiscalía en un boletín de prensa.

Asimismo, están el director jurídico de la Alcaldía y exsecretario de Gobierno de Yotoco.

Las dos personas que no fueron cobijadas con la medida son una enfermera y la esposa de alias Cosa, jefe de la banda de La Cordillera y uno de los detenidos que accedió al traslado a Yotoco.

“La Fiscalía demostró la participación de las personas capturadas en una red que, utilizando documentos judiciales y de manera fraudulenta, tramitó traslados de cabecillas delincuenciales de cárceles de máxima seguridad a centros penitenciarios de mínima y medidas seguridad en Valle del Cauca”, se agregó.

En las audiencias, el fiscal indicó que “todo empezaba por unas carta-cupo que el entonces secretario de Gobierno y actual asesor jurídico de la alcaldía de Yotoco, Hermes Alberto García Perdomo, le enviaba al director nacional del Inpec solicitando el traslado de esas personas a la cárcel municipal, aduciendo arraigo familiar y problemas de salud de los condenados.De no prosperar esas solicitudes ante el Instituto Nacional Penitenciario, un grupo de abogados, en complicidad con un juez de Cali que se encuentra detenido, interponían acciones de tutela para “hacer respetar” derechos fundamentales de sus defendidos”.

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