El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá hizo un fuerte llamado de atención a Juliana Andrea Guerrero Jiménez durante la audiencia en la que avaló el preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación por el delito de fraude procesal relacionado con la presentación de títulos fraudulentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
Durante la diligencia, el funcionario judicial cuestionó que lo ocurrido pudiera ser presentado como un simple error y señaló que, por las características del caso, Guerrero tenía elementos suficientes para comprender que su actuación era contraria a la ley.
“No es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error, nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico”, afirmó el juez.
La declaración se produjo mientras el despacho explicaba las razones por las que consideraba acreditada la responsabilidad de Guerrero en el delito aceptado dentro del preacuerdo. Para el juez, la entonces aspirante estaba en capacidad de comprender la obligación de presentar documentación verdadera al participar en un proceso para acceder a un cargo público.
El funcionario también puso especial énfasis en el cargo al que Guerrero pretendía llegar, recordó que los documentos cuestionados implican una responsabilidad especial frente al Estado y los jóvenes del país.
“Nótese que no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública. Estamos hablando de una persona que estaba entregando estos documentos para ser nombrada viceministra del Ministerio de la Juventud”, sostuvo durante la audiencia.
El juez también comparó la situación con el esfuerzo que realizan otras personas para obtener títulos académicos. En ese contexto, cuestionó que mediante documentación fraudulenta se hubiera intentado omitir un proceso académico que, para muchos ciudadanos, puede tomar varios años.
La intervención del juez se conoció el mismo día en que Guerrero fue condenada a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, luego de que aceptara su responsabilidad mediante el preacuerdo con la Fiscalía.
La sentencia también contempla una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante dos años y medio. Sin embargo, el despacho le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de acuerdo con lo establecido en la providencia.
Guerrero reconoció su responsabilidad durante la audiencia y manifestó su arrepentimiento. Aseguró que no pretendía justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima y afirmó que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones.
“Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, expresó la joven. Además, pidió perdón a su familia, a las personas que confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraron un referente e integrantes de la Fundación Universitaria San José.
También reconoció que su arrepentimiento no eliminaba la responsabilidad derivada de sus actuaciones.