La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron judicializados tras ser señalados de haber abusado sexualmente de una mujer privada de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal.

De acuerdo con la investigación, producto de las agresiones la víctima resultó embarazada.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, donde la interna relató que en la madrugada del 29 de agosto de 2024 un guarda ingresó a la celda número 15 de la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), la intimidó con violencia física y verbal, y posteriormente la sometió sexualmente bajo amenazas.

La mujer habría sido violada por guardias del Inpec, quedó embarazada y su momento se informó que le habrían suministrado medicamentos sin su autorización para interrumpir el embarazo. | Foto: El Colombiano COLPRENSA ©

Reincidencia y silenciamiento

La víctima aseguró que una semana después, en la madrugada del 5 de septiembre, otro funcionario del Inpec repitió las agresiones.

Tras los hechos, habría recibido intimidaciones con el fin de evitar que ella pudiera denunciar todo lo ocurrido.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, adelantó las debidas investigaciones, las cuales permitieron identificar a los presuntos responsables.

Se trata de los dragoneantes Christian Camilo Alvarado y Diego Stiven Castaño, según lo señaló el ente investigador.

La mujer no se quedó callada pese a las amenazas.

Pruebas genéticas confirmaron que el embarazo de la mujer fue producto de la agresión sexual atribuida a Diego Stiven Castaño, según los resultados de ADN presentados en el proceso.

Capturas e imputaciones

Ambos funcionarios fueron capturados en operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en los municipios de La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).

Posteriormente, la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, pero ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

En las audiencias preliminares, un juez de control de garantías determinó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Castaño Sánchez.

Por su parte, Alvarado Torres permanecerá vinculado a la investigación mientras avanzan las diligencias judiciales.

La Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las respectivas investigaciones, las cuales son necesarias para poder esclarecer los hechos y garantizar la justicia a la víctima.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.