La desaparición de José Alirio Daza, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección, UNP, mantiene en alerta a autoridades, organizaciones sociales y al gremio de seguridad en el departamento del Cauca.
Como bien indicaron periodistas de esta zona del país, el funcionario fue visto por última vez en el municipio de Miranda y, desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación.
De acuerdo con datos difundidos por el sindicato de seguridad y protección, Daza se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 22 de abril de 2026. Su labor como escolta, orientada a la protección de personas en riesgo, ha incrementado la preocupación frente a las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.
Compañeros de trabajo y organizaciones sociales por eso iniciaron una campaña para dar con su paradero, haciendo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicarlo. El caso, entonces, genera especial inquietud en el sector, que advierte sobre los riesgos a los que están expuestos quienes cumplen labores de protección en zonas con problemas de orden público.
Mientras tanto, familiares y allegados esperan respuestas y exigen a las autoridades avanzar con celeridad en las labores de búsqueda. Para recibir información, fue habilitada la línea telefónica 314 544 8725, a la que se pueden reportar datos que contribuyan a su localización.
De ahí que por el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento detallado sobre el caso, pero se espera que en las próximas horas se intensifiquen las acciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar el regreso con vida del escolta.
A raíz de estos casos, los escoltas o funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP enfrentan altos niveles de riesgo en departamentos como el Cauca, donde las condiciones de orden público los exponen de manera permanente a hechos de violencia, como lo registrado en la vereda Quita Pereza, Santander de Quilichao, donde el guardaespaldas Nilson Tumal, de 54 años de edad y oriundo de Pasto, perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.
La víctima fue por muchos años el escolta del destacado líder político Luis Fernando Velasco.
Por eso, la labor de los funcionarios de la UNP, centrada en proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, los ubica en la primera línea de escenarios marcados por la presencia de grupos armados ilegales, más en el departamento del Cauca, donde las disidencias de las Farc los amenazó abiertamente.
A estos riesgos se suman los secuestros, las retenciones ilegales y el hurto de vehículos oficiales, que son objetivos frecuentes en zonas donde operan estructuras criminales y actores armado irregulares. Los escoltas también están expuestos al uso de artefactos explosivos, como cargas improvisadas o ataques con carros bomba, una práctica recurrente en corredores estratégicos del suroccidente del país.
“Este panorama se agrava por la fuerte presencia de grupos armados ilegales que buscan ejercer control territorial e intimidar a la población. Bajo este contexto, los escoltas no solo cumplen una función de protección, sino que se convierten en objetivos directos o colaterales de la violencia, en medio de una situación de seguridad cada vez más compleja en regiones como el Cauca”, denuncio Rodrigo Paz, expolicía que ahora labora como escolta en dicha entidad.