La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definió las pruebas que podrán ser presentadas durante el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, investigado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por presuntas alianzas con integrantes de las extintas Farc en Caquetá.
El proceso constituye el primer juicio que adelanta la JEP relacionado con el caso conocido como ‘Farcpolítica’, que busca esclarecer posibles vínculos entre dirigentes políticos y la antigua guerrilla durante el conflicto armado.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de la audiencia preparatoria del juicio. Con ella quedaron establecidas las pruebas que podrán ser incorporadas y debatidas ante el tribunal.
Entre los elementos autorizados están 17 testimonios solicitados por la UIA. En el grupo de personas citadas aparecen antiguos integrantes de las Farc como Rodrigo Londoño Echeverri, Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera.
También deberá declarar Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, mientras que la UIA tendrá que poner a disposición del tribunal a las personas que participaron en la elaboración, coordinación o análisis de los diferentes tomos del denominado ‘Informe Génesis’ de la Fiscalía.
Estas personas deberán explicar ante los magistrados aspectos relacionados con la metodología utilizada para elaborar el informe y los resultados obtenidos, como parte de las pruebas que serán discutidas durante el juicio.
Los hechos que serán debatidos
La acusación presentada por la UIA comprende 30 hechos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre los casos incluidos está el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996.
También hace parte de la investigación la masacre de la familia Turbay Cote, ocurrida en diciembre de 2000.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la UIA, Almario Rojas habría tenido una participación en el supuesto diseño, coordinación y ejecución de un plan dirigido contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá. Esta hipótesis será objeto de discusión y contradicción durante el juicio.
El expediente llegó a la JEP después de que la Corte Suprema de Justicia remitiera la investigación relacionada con el secuestro y muerte de Rodrigo Turbay Cote y los asesinatos de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y otras personas.
Almario Rojas fue aceptado en la JEP en 2020. Sin embargo, debido a que mantuvo su posición de no reconocer responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, el caso pasó a la UIA para adelantar la investigación y presentar la respectiva acusación.