La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 35 integrantes del Batallón de Infantería No. 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte’ (BIRIC), vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008 en Santander y Norte de Santander.
La decisión implica la renuncia a la persecución penal y disciplinaria contra los comparecientes, quienes estaban relacionados con 11 víctimas directas en nueve hechos de asesinato y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate.
Según informó la JEP, los 35 militares no fueron identificados como máximos responsables dentro de los patrones criminales investigados por la jurisdicción. Por esta razón, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían con los requisitos para acceder al beneficio contemplado en la denominada Ruta No Sancionatoria.
“La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que los 35 comparecientes cumplieron con los requisitos exigidos que permiten concederles el beneficio de la renuncia a la persecución penal como mecanismo jurídico para definir su situación jurídica de forma definitiva, en el marco de la Ruta No Sancionatoria”, señaló la jurisdicción.
La entidad explicó que este mecanismo está reservado para quienes no tuvieron un “rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales identificados”.
De acuerdo con la decisión, los militares realizaron aportes de verdad sobre los hechos investigados, participaron en escenarios restaurativos con las víctimas y se comprometieron con garantías para la no repetición.
“La renuncia a la persecución penal extingue la acción penal y disciplinaria, por lo que los procesos que se adelantaban contra los comparecientes por estos hechos deberán ser archivados sin que se les imponga sanción penal alguna. Sin embargo, este beneficio no es gratuito”, precisó la jurisdicción.
La decisión fue adoptada por la Subsala Tercera de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego de evaluar los aportes entregados por los comparecientes en audiencias públicas en las que participaron víctimas acreditadas en la mayoría de los casos.
Según la JEP, el análisis permitió concluir que la información suministrada contribuyó a esclarecer lo ocurrido con un nivel de detalle superior al que había sido establecido previamente por la justicia ordinaria.
La jurisdicción también informó que, en desarrollo de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto hasta ahora la situación jurídica de 839 integrantes de la fuerza pública que se sometieron al sistema de justicia transicional.