Este jueves 2 de febrero, La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía de Cali, por presuntas irregularidades en contratación. 

El ente de control busca esclarecer la adjudicación de contratos por más de $2.000 millones, con un servidor que prestaba servicios como asesor del despacho de la Secretaría de Vivienda y a quien se le habrían adjudicado contratos por más de $1.500 millones.

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Por otro lado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali investigará la firma de dos negocios jurídicos por más de $600 millones "que habrían sido entregados de forma directa a una Fundación, en lugar de haberlos sometidos al concurso que ordena la normatividad vigente, y a la que estaría vinculada otra persona que realizaba funciones en la corporación", indica el comunicado.

Y añadió: "La actuación disciplinaria que ofició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar a los servidores públicos comprometidos presuntamente en la situación irregular denunciada".