Durante las operaciones sostenidas contra grupos armados ilegales en el suroccidente del país, un total de trece integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, señalada de operar bajo las órdenes de Iván Mordisco, se entregaron voluntariamente en las últimas semanas como resultado de la presión conjunta de la fuerza pública.
De acuerdo con información oficial, estas acciones son producto del trabajo articulado entre el Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia, en desarrollo de la Operación Militar Perseo, una estrategia orientada a debilitar estructuras residuales que delinquen en el Cañón del Micay, buscando así recuperar esta parte del territorio.
Las operaciones son lideradas por la Fuerza de Despliegue Rápido No.4 y el Batallón de Acción Integral y Desarrollo No. 3, unidades que intensificaron labores de perifoneo aéreo y acciones de acercamiento en zonas estratégicas, con el objetivo de incentivar el sometimiento individual a la justicia.
Según las autoridades, en un periodo aproximado de 20 días se han registrado estas 13 entregas voluntarias, entre las que se encuentran jóvenes cuyas edades oscilan entre los 20 y 26 años, varios de ellos con más de cinco años vinculados a la organización ilegal.
Las versiones entregadas por los propios desmovilizados indican que su decisión de abandonar las filas del grupo armado obedeció, en gran medida, a la presión constante ejercida por las tropas, así como a denuncias internas sobre malos tratos, incumplimientos en los pagos y presuntos abusos. También señalaron prácticas de instrumentalización de comunidades para promover asonadas en contra de la Fuerza Pública.
Las autoridades atribuyen a esta estructura presencia en municipios como Argelia, El Tambo y Patía, donde, según reportes oficiales, han sostenido su accionar mediante intimidaciones, control territorial y otras actividades ilícitas que afectan a la población civil.
En medio de las operaciones, las tropas lograron además ubicar y destruir de manera controlada dos motocicletas acondicionadas con explosivos que, al parecer, serían utilizadas para perpetrar atentados, especialmente en el corregimiento de El Plateado. Este hallazgo fue considerado clave para prevenir posibles acciones terroristas en la zona.
Entre las personas que se entregaron se encuentran dos hermanos señalados de tener conocimientos en el manejo de explosivos. Información preliminar indica que estarían vinculados en la formación de menores de edad para el uso de drones con cargas explosivas, una práctica que preocupa a las autoridades por su alto riesgo para la población civil.
Tras su entrega, se activó la ruta de sometimiento individual a la justicia, garantizando el respeto de sus derechos y el acceso a los mecanismos establecidos por la ley para su reintegración.