Ante la negativa por parte de las autoridades de conceder a Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, la posibilidad de pagar su condena en prisión domiciliaria, su defensa ha elevado una nueva solicitud al Inpec, con copia al presidente Gustavo Petro.
El nuevo pedido consiste en que se le conceda el traslado de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar, una solicitud que, según han asegurado fuentes del Ministerio de Justicia, podría ser aprobada en los próximos días.
El documento, con fecha del 11 de junio, revela cómo el abogado Víctor Mosquera, en calidad de representante de Barrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó al gobierno nacional “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de ‘Epa Colombia’, quien fue encontrada culpable luego de su participación en las jornadas de protestas del 2019 en la capital del país, donde vandalizó una estación del Transmilenio.
“Por ello, solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el INPEC, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta en el marco de la criminalización de la protesta social del año 2019“, reza la petición por parte de la defensa de la influenciadora y emprendedora.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional hay voces que aseguran que la solicitud podría contar con la aprobación de un juez de ejecución de penas. Pese a esto, la defensa, en cabeza del abogado penalista Francisco Bernate, alega que todavía no ha sido notificada de ninguna decisión.
El caso de ‘Epa Colombia’, cuya condena muchos consideran ha sido desproporcionada en relación con las acciones que realizó, ha sido un tema a considerar en las altas esferas del poder desde el principio.
El mismo presidente Petro ha hecho, anteriormente, una solicitud a sus ministros de Justicia para que ‘Epa Colombia’ salga de la prisión en donde se encuentra actualmente.
Sin embargo, durante la administración de Ángela María Buitrago se le insistió en que esta es una decisión que depende exclusivamente del ámbito judicial, y en la que el Ejecutivo no puede interferir.
Esta nueva solicitud de traslado es el quinto recurso interpuesto por parte de la defensa para modificar la condena de cinco años y medio de cárcel a la que fue condenada por el delito de instigación al terrorismo.