En el puente de Río Claro, en la zona rural del municipio de Jamundí, se registró un hecho de orden público presuntamente atribuido a disidencias de las Farc, quienes atravesaron un camión sobre la vía y posteriormente le prendieron fuego.
La acción provocó el bloqueo del corredor vial que conecta el casco urbano con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia, afectando la movilidad en este sector del sur del Valle del Cauca.
La Alcaldía de Jamundí confirmó que el Ejército adelanta una operación de contención en la zona, mientras se asegura el perímetro y se da con los responsables de este hecho.
De manera paralela, una información reservada publicada por SEMANA ha generado pánico entre los residentes del corregimiento de Timba. Según se conoció, integrantes del frente Jaime Martínez habrían sostenido una reunión con líderes comunales en la vereda La Esperanza para advertir sobre la instalación de artefactos explosivos de alto poder.
Uno de los puntos más críticos de esta amenaza se ubica en las inmediaciones de una escuela local. Los testimonios de quienes asistieron al encuentro sugieren que una detonación en dicho punto representaría una tragedia sin precedentes para los niños de la zona, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema ante el accionar de los grupos armados.
Un segundo artefacto explosivo habría sido ubicado cerca de la conexión principal de gas de Timba. Los habitantes han manifestado su profunda preocupación, ya que un ataque contra esta infraestructura crítica no solo dejaría sin servicio a la comunidad, sino que podría causar daños estructurales masivos en las viviendas circundantes.
Durante estas reuniones clandestinas, también se habría presentado a un nuevo comandante con injerencia en los corregimientos de la zona limítrofe entre Valle y Cauca. Asimismo, una mujer identificada con el alias Mónica, señalada como cabecilla de la estructura criminal, anunció nuevas restricciones de movilidad y horarios de funcionamiento para los establecimientos nocturnos.
Las órdenes impartidas por el grupo ilegal exigen el cierre de locales de lunes a jueves, permitiendo la operación solo los fines de semana hasta las 3:00 de la madrugada. Además, se lanzaron amenazas directas contra cualquier persona sospechosa de entregar información reservada a las Fuerzas Militares que operan en la región.
Frente a este panorama, el alcalde encargado de la localidad, Nilton Amílcar Guerrero, emitió el Decreto No. 87 para intentar mitigar los riesgos. Entre las medidas adoptadas destaca la prohibición estricta del transporte de cilindros de gas y el sobrevuelo de drones en todo el territorio municipal como medida de prevención técnica.
El decreto también restringe el tránsito de vehículos pesados, como volquetas, durante las horas de la noche. Estas decisiones administrativas responden a la necesidad de proteger la infraestructura institucional tras los recientes atentados contra estaciones de policía en Potrerito y batallones militares en las ciudades de Cali y Palmira.