El gobierno de Colombia acaba de firmar los documentos para que inicie el proceso de extradición de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, por los delitos de concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, concierto para traficar y distribuir cocaína hacia los Estados Unidos, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la misma intención de que fuera transportada hacia el país norteamericano.

Desde la cárcel habría seguido delinquiendo. | Foto: GUILLERMO TORRES

En un documento, el gobierno colombiano instó al norteamericano a garantizar un trato dentro de lo establecido por la ley a este criminal. Según se señala, se entrega a ‘Pipe Marín’ “bajo el compromiso de que este (los Estados Unidos) cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

También se hizo la siguiente salvedad: “el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997″.

Esta decisión se toma luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia diera luz verde para que ‘Pipe Tuluá’, uno de los cabecillas más temidos del crimen organizado en el país, fuera extraditado al país norteamericano, luego de que las autoridades judiciales de este país hicieran la solicitud por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Este fue el comunicado con el que se amenazó a guardias del Inpec.

Cabe recordar que ‘Pipe Tuluá’ cumple, actualmente, una condena de 30 años por homicidio, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado que fue concedida en el 2022 por un juzgado especializado en Colombia. Desde 2015 se encuentra privado de su libertad de manera ininterrumpida, teniendo en cuenta que en 2010 fue capturado por primera vez por concierto para delinquir y extorsión, pero fue liberado poco tiempo después.

Ha tenido varios traslados carcelarios desde su última captura, destacándose principalmente su estadía en La Picota, donde estuvo hasta junio del 2025, cuando Estados Unidos solicitó formalmente su extradición.

Se espera que su traslado a este país se dé en cuestión de poco tiempo.