Así como la actual administración de Gustavo Petro intentó desplegar una política que permitiera abrir procesos de paz con bandas criminales y grupos armados organizados (siguiendo el ejemplo del Proceso de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc), en lo que se denominó la Paz Total, a nivel regional también se adelantaron procesos.
Uno de ellos fue el de la paz Urbana, que acaba de anunciar una decisión que vuelve a poner en vilo el éxito de este proceso. Según se conoció, la Fiscalía General de la Nación, a través de un resolución, reactivó las órdenes de captura contra siete integrantes de bandas criminales que hacen parte de este proceso de paz con el gobierno nacional, quienes en la actualidad se encuentran en libertad.
Dichas órdenes van contra Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
A través de la Resolución, la No. 0-0160, la Fiscalía decidió que, en el marco de una acción de nulidad interpuesta contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de este año, un magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decretó la medida cautelar de suspensión provisional parcial, con la que volvían a quedar en firme las órdenes de captura.
Dicha acción de nulidad fue interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón. Esta medida contó, además, con el respaldo de 11 alcaldes del departamento, quienes, así como el gobernador, manifestaron su desacuerdo con la decisión solicitada por el Gobierno Nacional de suspender estas órdenes de captura, que fue acatada por la Fiscalía General en su momento.
Este anuncio llega después de que la Mesa de paz Urbana informara que dichas bandas dejarán de vender drogas en el Parque Bicentenario de Medellín, y momentos después de que se reanudaran oficialmente las conversaciones de paz, que estuvieron suspendidas desde el pasado 9 de abril luego del escándalo que supuso una fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí. Ese hecho causó fuertes cuestionamientos por parte de políticos y autoridades judiciales en contra del proceso de paz que adelante el gobierno de Gustavo Petro en esta zona del país, fuertemente golpeada por la violencia de este tipo de bandas.