Una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa el manejo de los recursos destinados a la prima de mitad de año de docentes oficiales. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alertó sobre presuntas irregularidades que, según sus cálculos, superarían los $260.000 millones y podrían afectar la sostenibilidad financiera del sistema prestacional del magisterio.
La advertencia se produjo tras un proceso de revisión técnica, jurídica y financiera impulsado por la actual administración del fondo desde noviembre de 2025.
En ese diagnóstico se analizaron los pagos efectuados entre 2024 y 2025 por concepto de la prima contemplada en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989. En total, durante ese periodo se desembolsaron $458.799 millones correspondientes a 42.400 pagos. Sin embargo, el informe concluyó que el 56,8 % de los recursos evaluados presenta inconsistencias.
Entre los hallazgos más sensibles figura la identificación de 4.405 pagos, por más de $83.082 millones, realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho a recibir esa prestación. Para el Fondo, estos desembolsos podrían configurar un detrimento patrimonial, dado que existían decisiones judiciales en firme que cerraban la posibilidad de reconocimiento.
El análisis también detectó pagos a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales establecidos. En la lista de casos observados aparecen docentes con pensión gracia o doble pensión, vinculaciones fuera del rango permitido, mesadas que superaban los topes constitucionales y, en situaciones más delicadas, registros de personas que no figuraban activas por defunción. Estos elementos, según el Fomag, evidencian fallas en los mecanismos de verificación y control interno.
Otro punto que generó preocupación fue la expedición, el 15 de agosto de 2025, de un concepto jurídico que modificó la interpretación que la entidad venía aplicando sobre el reconocimiento de la prima.
De acuerdo con la revisión interna, ese cambio se produjo sin que existiera una reforma legal o una sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial vigente, lo que habría tenido un impacto financiero significativo en las decisiones administrativas posteriores.
A esto se suma la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado particular sin autorización. Según el Fondo, esta situación habría facilitado la promoción de demandas contra la entidad.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía fue incluido el abogado Yobany Alberto López Quintero, así como las personas que autorizaron y ejecutaron los pagos cuestionados, quedando en manos del ente investigador establecer si existieron conductas punibles o responsabilidades disciplinarias.
El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, insistió en que la actuación no está dirigida contra los docentes. “El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia”, afirmó.
En paralelo, por orden de un juzgado de Armenia, se conoció que serán investigados el ministro de Educación, Daniel Rojas, y la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, dentro del mismo contexto relacionado con el pago de estas prestaciones.
La decisión judicial busca establecer si existieron omisiones, autorizaciones indebidas o responsabilidades administrativas en la aprobación de los desembolsos, pese a que en varios casos existían fallos judiciales que negaban el derecho.
El caso adquiere especial relevancia debido a que el Fomag es una entidad adscrita al Ministerio de Educación y administra recursos destinados a salud, pensiones y riesgos laborales de los docentes oficiales. Por ello, las indagaciones no solo apuntan a determinar eventuales conductas punibles, sino también a esclarecer si hubo fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y control sobre uno de los fondos más sensibles del sector educativo.