Como bien se sabe, en Venezuela fueron capturadas al menos tres personas sospechosas de la muerte de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años que desapareció en Bogotá el pasado 13 de mayo tras someterse a un proceso estético en un establecimiento que funcionaba sin contar los permisos necesarios.
Los tres detenidos son de nacionalidad venezolana: María Fernanda Delgado (dueña del centro estético clandestino Beauty Láser), Edinson José Torres (administrador del establecimiento) y Eduardo David Ramos (el supuesto cirujano que hizo el procedimiento a Toloza).
Aunque la Fiscalía General de la Nación obtuvo un éxito récord en estas capturas gracias a la circular roja emitida por la Interpol, al mismo tiempo se encontró con un obstáculo legal para llevar a cabo el proceso de extradición hacia Colombia y así respondan ante las autoridades judiciales colombianas.
Se trata del Artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que confirma tajantemente la prohibición de la extradición de sus compatriotas.
“La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas“, dice la normativa citada.
Pese a que el ente acusador colombiano manifiesta que el proceso de extradición será posible a través del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 porque sigue vigente y hay comunicación con autoridades venezolanas, abogados penales afirman que el traslado de los tres sospechosos en la práctica será algo inviable.
Para la abogada Paula Cadavid, en declaraciones entregadas al diario El Tiempo, “la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana”.
Por su parte, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, ve el panorama mucho más complicado que el de su colega Cadavid porque recordó un hecho del caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el que actuó el régimen chavista.
“A Gabriel Salinas, uno de los capturados por el homicidio de Marcelo Pecci, lo capturaron en Venezuela. Empezamos a hacer los trámites y nunca lo enviaron, por eso digo que es prácticamente imposible que pase ahora con lo de Yulixa”, destacó Bernate al medio de comunicación citado.
El experto en derecho penal resaltó que el país vecino solo rompe el Artículo 69 de su Constitución cuando descubren si el acusado tiene doble nacionalidad, documentos de identidad falsos o si no nacieron en Venezuela. Por lo tanto, si se comprueba que los tres detenidos son venezolanos legítimos, su extradición será imposible.
En caso de que lo anterior sea una realidad, la alternativa de la justicia colombiana es hacer uso de los convenios de cooperación internacional para que sus juicios se desarrollen en Venezuela y permanezcan detenidos en un centro carcelario de allá.