La Fiscalía General de la Nación identificó una red que al parecer se dedicaba a direccionar la contratación institucional al interior de una caja de compensación en el departamento de Nariño en hechos sucedidos entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Según la investigación del ente acusador, hubo licitaciones simuladas para favorecer empresas previamente seleccionadas a través del cobro de comisiones sobre anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
Labores de policía judicial, como auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, evidenciaron que esta red aperturaba licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes.
Sin embargo, las adjudicaciones estaban direccionadas hacia empresas preseleccionadas mediante la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
El grupo delincuencial estaría integrado por directivos, funcionarios y particulares. Por lo tanto, se habrían suscrito ocho contratos por $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30 % del valor contratado.
A raíz de estos hechos, fueron capturadas y judicializadas cuatro personas identificadas como Alicia Vásquez Martínez, Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará. Todos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.
Vásquez Martínez, al ejercer como subdirectora de servicios de la caja de compensación, es la presunta responsable de direccionar la contratación. Tanto Salazar Quelal como Lagos Medicis se habrían encargado de facilitar información a las empresas con las que previamente habían acordado la adjudicación sobre documentos específicos que debían proporcionar.
Por su parte, Alonso Insandará presuntamente se benefició de dicho direccionamiento a través de la empresa que representaba.
“A través de las labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Seccional Nariño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron judicializadas cuatro personas que estarían implicadas en el entramado delictivo que afectó la contratación de la entidad (...) Las actividades investigativas desplegadas permitieron que dos de los hoy procesados hicieran la devolución de cerca de 1.552 millones de pesos”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado.
De los cuatro procesados, solamente Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos, lo que significa que se declara culpable de los señalamientos. Mientras que los otros tres han decidido intentar demostrar su inocencia al no aceptar los cargos.
La juez de control de garantías encargada de revisar el caso decidió imponerle a Vásquez Martínez medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras que los otros tres serán privados de su libertad en sus lugares de residencia.