La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas tras ser señaladas de cobrar millonarias sumas de dinero (de hasta $1000 millones) para direccionar procesos judiciales.
Las autoridades indicaron que los capturados se aprovechaban de su posición al interior de instituciones judiciales para compartir información clasificada a miembros de estructuras del narcotráfico para obtener ventajas en procesos en su contra.
En la estructura criminal hay cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y dos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
“Sacaban informes de estas investigaciones que les fueron entregados a las víctimas, entre ellos una memoria de USB en varias citas que cubrieron en Villavicencio y en Bogotá”, indicó la Fiscalía.
Las cifras que cobraban para entregar la información a los criminales iniciaban desde los $ 400 millones e iban hasta los $ 1000 millones, según arrojó la investigación.
El seguimiento a la banda permitió concluir que estos crímenes se presentaron en al menos tres procesos judiciales que se adelantaron en los años 2014, 2019, 2024 y 2025.
Además, se concluyó que los implicados escondieron material probatorio, ocultaron bienes e hicieron otras actuaciones criminales para no dejar rastro de su actuar.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha revelado las identidades de los capturados.
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La Fiscalía logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a cuatro personas señaladas de integrar una banda dedicada a contactar extranjeros por aplicaciones de citas en Cartagena (Bolívar) para secuestrarlos, robarlos y, en un caso documentado, asesinar e incinerar a un ciudadano ruso tras una violenta retención.
El ente investigador identificó a los procesados como Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez. De acuerdo con la investigación, estos sujetos eran los responsables de contactar a ciudadanos extranjeros mediante plataformas virtuales, pactar encuentros en zonas turísticas de la capital de Bolívar y posteriormente trasladarlos al municipio de Turbaco.
Una vez las víctimas se encontraban bajo su control, el grupo procedía a “arrebatarles las pertenencias o desocuparles las cuentas bancarias”. Las autoridades materializaron las capturas en operativos simultáneos realizados en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). Durante las diligencias, los investigadores incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que, según las pesquisas, “pertenecerían a los afectados”.
El expediente reveló detalles escabrosos sobre el homicidio ocurrido el pasado 2 de octubre, cuando la red criminal presuntamente causó la muerte a un ciudadano ruso. La víctima salió de su hotel tras acordar una cita en el Centro Histórico y aceptó subir a un vehículo para dirigirse a otro sitio.
La Fiscalía estableció que, durante el trayecto, “otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor”. La situación escaló cuando el extranjero intentó defenderse. Las evidencias recopiladas indicaron que, al oponer resistencia, el ciudadano fue atacado con arma cortopunzante y “estrangulado”. Posteriormente, en un acto de crueldad extrema para ocultar el crimen, su cuerpo fue “incinerado y abandonado en una finca”.
La investigación determinó que el asesinato del ciudadano ruso no fue un hecho aislado. En un lapso de seis meses, este grupo delincuencial ejecutó hurtos contra ciudadanos provenientes de Canadá, México, Brasil y El Salvador.