La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió indagación preliminar contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, por su presunto manejo irregular en el proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Unrgd).
De acuerdo con el auto expedido el 4 de septiembre de 2025, la representante investigadora María Eugenia Lopera Monsalve avocó el conocimiento de la denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
El jurista asegura que las evidencias empleadas para imputar a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz eran las mismas que debieron usarse para formular cargos contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y solicitar medidas de aseguramiento en su contra.
En la denuncia, Bustos también cuestiona que la Fiscalía General de la Nación haya negado a Ortiz la posibilidad de un preacuerdo o principio de oportunidad, mientras que los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia presuntamente omitieron imputar cargos a González y a César Manrique, exdirector del DAFP.
Según el denunciante, esta actuación habría facilitado la salida de González del país hacia Nicaragua, lo que calificó como una maniobra para eludir la acción de la justicia.
Los señalamientos incluyen la presunta configuración de delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
Adicionalmente, Bustos insiste en que existen documentos de la Fiscalía que demostrarían la intervención de Camargo en las decisiones del caso, a pesar de que la fiscal general ha declarado públicamente que no tiene injerencia directa en esos procesos.
La decisión de la Comisión de Acusación ordena comunicar el auto a las partes involucradas, entre ellas el propio denunciante, la fiscal general y la Procuraduría General de la Nación. También solicita la expedición de una certificación que confirme la calidad foral de la jefe del ente acusador, requisito indispensable para que pueda ser investigada por esa célula legislativa.
Este expediente será tramitado por la congresista María Eugenia Lopera, integrante del Partido Liberal, quien se desempeñó como presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara en 2023 y 2024 y ha sido reconocida por su apoyo a iniciativas legislativas del Gobierno Nacional.
Por otra parte, el abogado Pablo Bustos también fue citado para ratificar la denuncia que interpuso contra el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, por el presunto uso de recursos de la UNGRD para influir en su elección cuando era secretario jurídico de la Casa de Nariño.
Con esta decisión, la Comisión de Investigación y Acusación da inicio a la etapa preliminar, en la que se evaluará si existen méritos para abrir formalmente una investigación que podría escalar a un eventual juicio político en el Congreso de la República.