Más de veinte años después de los hechos que marcaron a decenas de familias en el Meta, antiguos miembros del Ejército aceptaron públicamente su participación en una de las páginas más dolorosas del conflicto armado.
Ante magistrados, víctimas y familiares, reconocieron que cientos de civiles fueron asesinados y reportados falsamente como combatientes abatidos en operaciones militares.
La audiencia se desarrolló en medio de los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), escenario en el que los comparecientes asumieron su responsabilidad por crímenes cometidos cuando hacían parte de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas y el Gaula Militar Meta.
Civiles acusados falsamente y el presunto papel del paramilitarismo
Uno de los testimonios centrales fue el del mayor retirado Alejandro Espitia, quien admitió que las víctimas eran civiles y campesinos que no tenían relación con grupos armados ilegales.
Durante su intervención, expresó arrepentimiento por los hechos y reconoció que los asesinatos fueron cometidos con el propósito de mostrar resultados operacionales.
“(...) Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”, expresó Espitia.
Según lo expuesto durante la audiencia, los 27 exuniformados reconocieron responsabilidad en 209 casos de ejecuciones extrajudiciales y otros 65 de desaparición forzada, hechos que ocurrieron en medio de una dinámica institucional enfocada en la obtención de resultados militares.
Otro de los aspectos más relevantes del reconocimiento fue la admisión de vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la comisión de algunos de estos hechos.
Según los testimonios presentados ante la JEP, integrantes de las unidades militares involucradas actuaron en coordinación con estructuras paramilitares.
Durante la audiencia también se mencionaron las supuestas razones que impulsaron estas conductas. Los comparecientes admitieron que existía presión por presentar resultados y que los informes de supuestas bajas en combate generaban distintos beneficios dentro de la institución.
Sobre esto, el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli mencionó que quienes reportaban estos resultados podían recibir “permisos, días adicionales de descanso, felicitaciones públicas que quedaron consignadas en órdenes del día y en sus folios de vida, medallas y diplomas, planes vacacionales, postulaciones y comisiones al exterior”.
Incluso, el mayor retirado Espitia reconoció que tanto él como otros integrantes de las unidades militares buscaron ascensos, prestigio y reconocimiento profesional a través de esos reportes que, en realidad, ocultaban crímenes contra personas inocentes.
Aunque las disculpas fueron aceptadas por algunas de las víctimas presentes, el mensaje que resaltó durante la jornada estuvo centrado en la importancia de la verdad.
Como lo expresó el magistrado Ramelli en la entrega de las medallas, refiriéndose a que el propósito es que se transformen “en símbolos de verdad, memoria y dignificación para las víctimas”.