El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que liberará a dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional que permanecen secuestrados desde hace 13 meses en el departamento de Arauca.
El anuncio fue realizado por esa organización armada ilegal a través de un comunicado en el que señaló que iniciará las coordinaciones necesarias para concretar la entrega de los uniformados a una comisión humanitaria. La noticia genera expectativa entre los familiares de los funcionarios y las autoridades, que durante más de un año han exigido su liberación inmediata e incondicional.
El ELN anunció que “mañana, martes 16 de junio del 2026, dejaremos en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Elsey Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza”.
Los agentes fueron secuestrados en mayo de 2025 mientras adelantaban labores institucionales en Arauca, una de las regiones donde históricamente ha tenido presencia el Frente de Guerra Oriental del ELN. Desde entonces, diferentes organismos nacionales e internacionales han solicitado su liberación y han rechazado el mantenimiento de los uniformados en cautiverio.
La decisión de la guerrilla se conoce después de varios meses de cuestionamientos por parte de entidades del Estado. A comienzos de mayo de este año, el ELN difundió un video en el que anunciaba un supuesto “juicio revolucionario” contra dos agentes de la Dijín y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que también permanecían secuestrados. La actuación fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y diversos sectores políticos, que calificaron el hecho como una grave violación al derecho internacional humanitario.
“Cumpliendo con lo expuesto en el juicio condenatorio y con lo estipulado en la aplicación de nuestra justicia revolucionaria, contemplando la sumatoria de tiempo físico y beneficios, serán entregados los prisioneros a una comisión humanitaria y a sus familiares”, expresó el grupo armado.
En ese momento, la delegación de paz del Gobierno nacional también cuestionó la decisión de la organización armada y reiteró que ninguna estructura ilegal tiene facultades para juzgar o imponer condenas a funcionarios del Estado. Además, insistió en la necesidad de avanzar en gestos humanitarios que permitan aliviar la situación de las personas retenidas.
La situación de los secuestrados había generado creciente preocupación debido al prolongado tiempo de cautiverio y a las condiciones de salud reportadas por sus familiares. Diversos sectores solicitaron en repetidas ocasiones pruebas de supervivencia y el respeto a la integridad física de los funcionarios retenidos.
Las autoridades permanecen atentas al desarrollo de las gestiones y han reiterado que el secuestro constituye una práctica contraria al derecho internacional humanitario y a cualquier voluntad de paz.