Los 26 disidentes muertos en El Retorno, Guaviare, no fueron envenenados ni cayeron en combate: fueron fusilados tras rendirse, luego de que alias ‘Korea’, un cabecilla de su misma organización, entregara su ubicación exacta a la estructura rival de alias ‘Calarcá’ por una suma superior a los 500 millones de pesos y el control de rentas ilícitas.
Así lo revelaron informes de inteligencia conocidos por Colprensa. El pasado 16 de enero, cerca de 40 hombres del bloque de ‘Iván Mordisco’ fueron sorprendidos mientras tomaban una siesta al mediodía. No hubo capacidad de reacción: más de 100 combatientes de ‘Calarcá’ rodearon el campamento y, aprovechando la superioridad numérica y de fuego, les exigieron la rendición.
Durante el copamiento les gritaban “que se entregaran, que les iban a respetar la vida”, se lee en el reporte oficial. De acuerdo con esa reconstrucción, al verse superados, los hombres accedieron. Los combatientes de ‘Calarcá’ reunieron a los rendidos y procedieron a despojarlos de armamento, municiones, explosivos, radios de comunicación, documentos e incluso alimentos. Una vez desarmados y agrupados, habrían sido ultimados con disparos a corta distancia, según el informe.
El acuerdo: plata y territorio
Detrás de la masacre no hubo solo estrategia militar, sino una fractura interna. Las agencias de seguridad del Estado identificaron a alias ‘Korea’ como el artífice de la caída. Este cabecilla, adscrito a las fuerzas de ‘Mordisco’, había sido trasladado recientemente desde Arauca hacia Guaviare tras sostener disputas económicas con alias ‘Pescado’, otro mando de la organización.
Su traslado, pensado inicialmente para contener el avance de ‘Calarcá’, terminó en una alianza con el enemigo. Según la investigación, ‘Calarcá’ contactó a ‘Korea’ y cerró un pacto: a cambio de dinero y de la entrega de una zona del Guaviare para el manejo de minería ilegal, narcotráfico y extorsión, ‘Korea’ entregó las coordenadas, las rutinas de seguridad y los puntos débiles de sus compañeros.
La infiltración fue total. El informe señala que la red de informantes civiles (“puntos”), encargada de avisar sobre movimientos extraños en la zona, también fue sobornada para guardar silencio, permitiendo que los más de 100 atacantes llegaran hasta el fortín sin ser detectados.
La elección del lugar no fue aleatoria. La masacre ocurrió en la vereda La Paz, considerada el “corazón” de la estructura de ‘Iván Mordisco’. Inteligencia militar describe este punto como un nodo estratégico de la geografía del departamento, que permite la movilidad hacia múltiples zonas de interés criminal.
Además, el sitio tiene un valor simbólico y logístico: es la zona donde ‘Mordisco’ inició su carrera criminal y donde, según las autoridades, mantiene caletas con armamento, dinero en efectivo y explosivos. Según fuentes de inteligencia, la toma de este bastión mediante la traición de ‘Korea’ reconfigura el mapa de poder en el suroriente del país.
Un mensaje de terror
Para los expertos, la escena del crimen no fue fortuita. Gerson Arias, investigador de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó a Colprensa que la disposición de los cadáveres constituyó una táctica deliberada de guerra psicológica.
“Lo que muestra este hecho, más allá de desesperación, es una clara muestra de la ventaja militar que tiene ‘Calarcá’ y de un férreo control social que está haciendo en esa zona en particular”, señaló Arias. El analista agregó que el mensaje político-militar fue inequívoco: la facción disidente avanza territorialmente “sin que el Gobierno ni la Fuerza Pública puedan hacer mucho”.
Paula Tobo, investigadora de la FIP, complementó este análisis y advirtió que exponer los cuerpos funcionó como una herramienta de intimidación hacia la población civil. “Es una forma de infringir miedo y advertir sobre las consecuencias de colaborar con los grupos armados rivales”, indicó a esta agencia de noticias Tobo, quien recordó antecedentes similares de terror ejemplarizante en departamentos como Putumayo.
“Se hace a través de la intimidación a los civiles y tratar de ponerlos entre la espada y la pared respecto a cuál grupo o a qué regulación hacen caso”, indicó Tobo. La investigadora alertó que esta dinámica fracturó el tejido social, obligando a los habitantes a quedar “en la mitad entre dos gobernanzas que compiten entre sí”.
El mapa de la guerra
Informes de inteligencia militar conocidos por Colprensa revelan que en Colombia, al corte del 12 de enero de 2026, hay actualmente 14 puntos específicos donde los grupos armados se están enfrentando a muerte. Lo grave de Guaviare es que ya no es un punto aislado: al estallar esta guerra en El Retorno, se termina de conectar un corredor de violencia que une los conflictos del Meta y del Caquetá.
El documento detalló que el arco de violencia rodea al Guaviare por sus fronteras estratégicas: al norte, en El Castillo (Meta), se registra la disputa entre el Frente ‘Martín Villa’ y el Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’; al sur, en Solano (Caquetá), chocan los frentes ‘Carolina Ramírez’ y ‘Raúl Reyes’. La masacre de El Retorno confirmó que la guerra rompió la contención y conectó estos dos puntos.
Gerson Arias analizó este fenómeno y advirtió sobre la similitud estructural con la histórica crisis de Norte de Santander. “Las consecuencias del drama que está viviendo el Guaviare se asemejan a lo que pasa en el Catatumbo: ataques entre grupos con poca presencia de la Fuerza Pública, señalamientos a pobladores, y confinamiento y desplazamiento fruto de ese combate”, explicó.
Sin embargo, el investigador precisó que, a diferencia del Catatumbo —donde existen disputas fronterizas con Venezuela y presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, el Guaviare enfrenta una “guerra fratricida” entre dos facciones que hasta marzo de 2024 operaron bajo la misma sombrilla del Estado Mayor Central (EMC), lo que elevó la letalidad por el conocimiento interno de las tropas rivales.
Asimismo, Arias precisó una diferencia fundamental que agrava el diagnóstico para el suroriente del país: mientras el Catatumbo cuenta con una presencia institucional y atención mediática constante, el Guaviare permanece en un “olvido estratégico”.
“En el Guaviare estamos hablando de una zona de colonización, donde llegó mucha gente sin tierra y llegaron los cultivos de uso ilícito”, puntualizó Arias.
El crecimiento de ‘Calarcá’
Reportes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) indicaron que entre finales de 2024 y comienzos de 2025 se deforestaron más de 88.000 hectáreas en el arco amazónico. Esta expansión de la frontera ilegal —junto con la duplicación del hato ganadero en los últimos siete años— mostró que la economía de guerra en la región no depende solo del narcotráfico, sino también del acaparamiento de tierras y del lavado de activos derivados del control territorial.
Este flujo de capital permitió a la facción de alias ‘Calarcá’ transformar poder económico en despliegue armado y control territorial, acelerando su posicionamiento en el suroriente del país. Según cifras citadas por Arias, esta estructura aprovechó la coyuntura de la Paz Total para su expansión: mientras la mesa de diálogos de paz se mantuvo activa, la facción experimentó un fortalecimiento militar sin precedentes, utilizando el cese al fuego como escudo estratégico.
“Desde el año 2022 hasta hoy, esa disidencia pasó de tener aproximadamente 2.200 hombres a tener casi 3.800 hombres en todo el país”, reveló Arias. El experto señaló que este crecimiento del 72% en el pie de fuerza demostró que la estructura armada tradujo el escenario de negociación en expansión operativa, al fortalecer sus finanzas y ampliar su base de apoyo local, en un contexto de “no exigencia del Gobierno por comprometerse en un proceso serio”.
La masacre de los 26 combatientes, según esta lectura, no fue un acto de defensa, sino una operación de consolidación territorial ejecutada bajo una lógica de dominio armado. Arias sostuvo que este tipo de acciones evidencian el nivel de organización, financiación y despliegue que alcanzó la estructura de ‘Calarcá’, al tiempo que advirtió que las mesas de negociación quedaron “desconectadas de la realidad” de estas 14 confrontaciones territoriales.
Crisis humanitaria y respuesta estatal
Los expertos consultados advirtieron que la respuesta estatal no ha sido suficiente frente a esta reconfiguración del conflicto. Gerson Arias señaló una “incapacidad de la Fuerza Pública” para operar en escenarios híbridos donde existen ceses al fuego parciales y disputas entre grupos ilegales.
“La Fuerza Pública no tiene hoy criterios, orientaciones, ni capacidades suficientes para actuar en zonas de disputa entre dos grupos armados ilegales”, explicó Arias, señalando que este vacío operativo alimentó los rumores de supuestas alianzas entre militares y facciones disidentes.
La crisis humanitaria resultante encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que en su Alerta Temprana 001-25 advirtió sobre el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas Nukak y Jiw, atrapados en el fuego cruzado y el confinamiento.
“Guaviare es un escenario que no ha recibido el mismo nivel de atención institucional que el Catatumbo”, agregó Paula Tobo, quien advirtió que la legitimidad del Estado en la región se encuentra fracturada. “Esa legitimidad está mucho más lesionada por la inefectividad del Estado en garantizar derechos humanos básicos que por la colaboración o no con un grupo armado”, sentenció la investigadora.
Un futuro incierto
El panorama a corto plazo planteó un desafío crítico para la seguridad nacional. Gerson Arias concluyó que la falta de claridad en las instrucciones a la Fuerza Pública para operar en zonas de cese al fuego generó un vacío que los ilegales capitalizaron.
“Muy posiblemente las disidencias de ‘Calarcá’ se van a expandir. Y muy posiblemente vamos a ver un final del Gobierno en donde todos los grupos armados se han fortalecido y en donde no tenemos gestos reales de compromiso para avanzar hacia la desmovilización”, vaticinó Arias.
Por su parte, Paula Tobo instó a una reacción inmediata, más allá de lo militar. “La respuesta en territorio de la Fuerza Pública se espera y debería ser algo muy rápido y de ocupación, para asegurar que esta confrontación no evolucione en algo mucho más serio”, finalizó.