A través de un comunicado oficial publicado este viernes por Presidencia de la República, el Gobierno nacional informó que se dio por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración del expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la misiva, dichos procesos no mostraron avances concretos en materia de paz, desarme de los grupos ilegales o sometimiento a la justicia.
“En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, desde el pasado 7 de agosto, se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, se indicó.
De acuerdo con el comunicado publicado, la medida abarca las mesas de negociación que se establecieron con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Del mismo modo, están incluidos los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
“No se mantendrán los espacios”
Según se detalló en la comunicación de la Presidencia de la República, también se levantó la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez. “Durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores”, se manifestó.
Además, se agregó que la cifra no contemplaba los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario.
Por este motivo, se indicó que “el Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley”.
Del mismo modo, se puntualizó que quienes realmente expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia, pero los individuos o grupos armados que insistan “en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”.
Cabe mencionar que, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, durante el gobierno anterior hubo ocho procesos y/o diálogos diferentes con grupos armados, incluyendo con el ELN, el Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Shottas y los Espartanos de Buenaventura, Combos de Medellín y Valle de Aburrá y Los Mexicanos, los Locos Yam y RPS-Cartel del Norte en Quibdó.