En medio de la maleza y de una forma rudimentaria, así estaban camuflados algunos explosivos en zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, con los que grupos al margen de la ley pretendían atentar contra la infraestructura eléctrica del departamento.
Las autoridades indicaron que este intento de atentado terrorista habría sido orquestado por las disidencias de las Farc, puntualmente del bloque Jaime Martínez.
“El dispositivo, cargado con tres kilos de explosivos de alto poder, había sido ubicado cerca de una torre de energía, poniendo en riesgo la infraestructura estratégica del Estado y la seguridad de los habitantes del sector”, informó la Tercera Brigada del Ejército Nacional.
Las imágenes compartidas por las autoridades mostraron que la sustancia explosiva estaba envuelta en algunas bolsas negras, las cuales a la vez estaban forradas con cinta transparente dando la forma de una esfera.
En total eran dos esferas. Estas también estaban conectadas a una especie de cable, con la que se esperaba ejercer la detonación.
Luego de haber sido identificado el dispositivo, las autoridades realizaron una detonación controlada para no poner en riesgo la infraestructura energética del país ni las vidas de las personas del sector.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado más información de este intento de atentado, pero se espera que las investigaciones avancen para poder dar con el paradero de los responsables.
Grupos armados influyeron en votos de las elecciones del 8 de marzo, un precedente para tener en cuenta
Panfletos de las disidencias de las FARC que exigían el certificado electoral para poder transitar en Guaviare, líderes comunitarios que acompañaron al votante hasta la mesa y anotaron en cuadernos la opción marcada en Guapi y López de Micay (Cauca), un “refrigerio” de entre $300.000 y $500.000 a cambio del certificado electoral en Bajo Baudó (Chocó), mensajes de WhatsApp con amenazas de “multas” para quienes no votaran en San Vicente del Caguán (Caquetá) y grupos armados en las inmediaciones de un puesto de votación en El Tarra (Norte de Santander), fueron algunas de las modalidades de presión criminal sobre el voto que registró una veeduría ciudadana en 15 departamentos durante las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo.
Los hallazgos están consignados en el informe “Votar con miedo”, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050, que desplegó 126 veedores en 139 puestos de 42 municipios y monitoreó 380 fuentes abiertas. Los departamentos cubiertos fueron Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
La compra de votos operó con tarifas fijas, fotografía del comprobante como prueba de la marca y pago diferido contra entrega del certificado. Las tarifas registradas fueron de $20.000 por voto en Olaya Herrera (Nariño) y de hasta $500.000 en Bajo Baudó (Chocó), la cifra más alta del país. En la Institución Educativa Francisco Pizarro de Bajo Baudó, militantes de partidos obligaron a comunidades indígenas a votar en grupo bajo amenazas. En carpas instaladas a 150 metros del puesto, los votantes se anotaban antes de sufragar y regresaban con el certificado para reclamar el dinero.
En el sector Bocas de Agua Bonita de San José del Guaviare se instalaron las llamadas “zonas calientes” a menos de 100 metros de las urnas, con oferta de pagos directos por el voto y “trabajo de día” por sumas entre 50.000 y 200.000 pesos. En Tibú (Norte de Santander), una empleada del hospital municipal exigió a sus subalternos fotografías del certificado para demostrar la “movilización de votantes”.
Con información de Colprensa*