El proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas mencionados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd quedó momentáneamente sin definición. En la Sala de Instrucción del Alto Tribunal se produjo un empate en la discusión sobre si procede o no solicitar una medida de aseguramiento contra los implicados.
Entre los parlamentarios que podrían enfrentar esta medida están Wadith Manzur, del Partido Conservador; Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; Karen Astrid Manrique, representante de las curules de paz; y el excongresista Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde. Dos de ellos, Manzur y Manrique, participan este domingo en una contienda electoral.
Ante el empate en la Sala, la decisión quedó en manos de dos conjueces: Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca, quienes deberán dirimir si se adopta o no la medida restrictiva dentro del proceso.
Rey Córdoba es profesor de Criminalidad Económica y Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, donde también dicta la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre. En su trayectoria profesional señala que ha trabajado como consultor externo en asuntos jurídicos y en temas relacionados con telecomunicaciones espaciales y satelitales. Su carrera en el sector público comenzó como juez penal municipal. Posteriormente fue secretario de Gobierno de Cali y llegó a ejercer como alcalde encargado de la ciudad.
En el ámbito diplomático también ha ocupado cargos relevantes. Entre ellos se destacan su papel como ministro plenipotenciario y representante permanente alterno de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, así como su designación como embajador en misión especial ante la Conferencia Mundial del Espacio Unispace III, realizada en Viena.
Por su parte, Javier Fernando Fonseca es abogado especializado en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la academia, donde ha ocupado cargos directivos. Ha sido decano de las facultades de Derecho en las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores.
La sesión en la que se decidió trasladar la definición a estos dos conjueces se extendió por cerca de dos horas y media. Durante ese encuentro, los magistrados analizaron la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, cuyo contenido fue revelado el pasado 27 de febrero por la revista Semana.
En ese documento se solicita llamar a juicio a seis de los congresistas que en 2023 integraron la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso. La ponencia detalla el papel que cada uno habría desempeñado dentro de la presunta red de irregularidades.
Según el auto de apertura de investigación, las pruebas apuntarían a que los implicados habrían aceptado promesas de remuneración a cambio de cumplir funciones propias de su rol dentro de dicha comisión, lo que podría configurar el delito de cohecho impropio.
Entre los elementos probatorios incluidos en el expediente figuran los testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, así como las declaraciones y evidencias entregadas por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. De acuerdo con la información divulgada, los tres aportaron chats, correos electrónicos y otras comunicaciones que comprometerían a los parlamentarios.
Además, el Magistrado ponente incorporó a su análisis registros en video, interceptaciones telefónicas y conversaciones digitales que, según la investigación, relacionarían a los políticos con la presunta exigencia de contratos millonarios.