La Comisión de Veeduría de Derechos Humanos del Paro Cívico de Buenaventura hizo un llamado urgente a las autoridades y al presidente Duque para que tomen acciones preventivas por hechos de intimidación que vienen ocurriendo en contra de líderes del colectivo ciudadano.

Danelly Estupiñán, miembro de esta comisión, explicó que la situación es de suma urgencia debido a que, desde diciembre, se vienen registrando hechos intimidatorios que han afectado a cinco líderes sociales de la ciudad portuaria.

El primer hecho se registró el pasado 22 de diciembre cuando el vehículo del esquema de protección de Hamington Valencia, líder social y activista del Proceso de Comunidades negras, fue impactado.

Posteriormente con la investigación de las autoridades se indicó que el objeto había sido un balín.

Una de las denuncias más graves es la intimidación contra el hijo de Temístocles Machado, líder asesinado en el 2018.

"Uno de los hechos fue contra Juan Rodrigo Machado, hijo del reconocido líder que asesinado el año pasado, Temístocles Machado. Él estaba en su casa y llegaron cuatro hombres armados, lo hicieron sentar mientras le apuntaban con un revólver. Se pensaba que era por robarlo pero no fue así", contó Estupiñán.

La situación se presentó el 12 de enero y los hombres que lo intimidaban mientras buscaban algo en la vivienda, también realizaron una llamada telefónica antes de marcharse. Amenazaron a Machado con asesinarlo si activaba el botón de pánico o llamaba a la Policía.

Otra de las intimidaciones se registró el 17 de enero a las afueras de la iglesia La Milagrosa del barrio El Cristal, uno de los sitios donde se desarrollan reuniones periódicas del Comité de Paro.

Allí llegaron integrantes de los esquemas de seguridad asignados a Leyla Arroyo, Nicolás Rodríguez y Carlos Ramírez, líderes del Comité Ejecutivo del Paro, quienes tuvieron que reaccionar ante la presencia de hombres motorizados de actitud sospechosa.

"Habían tres hombres rondando el sitio de la reunión y los escoltas procedieron. Las autoridades capturaron a dos de ellos y les incautaron armas de fuego", explicó Estupiñán.

Para la Comisión de Derechos Humanos, las amenazas y asesinatos de líderes a nivel nacional es un tema álgido por lo que no se debe descuidar lo que está sucediendo con los asentados en Buenaventura.

"Los organismos locales están informados. La Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Fiscalía General están enterados de esta situación y sostuvimos reunión con ellos", aseguró.

La Comisión hace énfasis en solicitar que las medidas de protección no sean de carácter personal, sino que se establezcan acciones que blinden los territorios de las acciones de los violentas, y de esta manera podrá reducir el riesgo que corren los líderes que defienden las tierras.

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