La Defensoría del Pueblo alertó por el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en la cabecera municipal y en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, por la presencia del ELN y de dos disidencias de las extintas Farc.
El organismo encargado de velar por los derechos humanos aseguró que la situación de alerta obedece a la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y los grupos disidentes, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’, una disputa activa desde el 16 de enero de 2025.
La situación llevó a la emisión de la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025 para corregimientos y veredas de Tibú, un municipio considerado un “corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley”, debido a su extenso límite fronterizo con Venezuela y la alta concentración de cultivos de uso ilícito.
La disputa territorial se sustentaría en estas economías ilegales y la consolidación del control territorial y social ejercido por el ELN, detalló la Defensoría.
La violencia ha generado homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. En el casco urbano de Tibú, se ha evidenciado un “escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN”, imponiendo horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales.
Además, se ha constatado la presencia y uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, incluyendo ataques con drones. La Defensoría reportó que las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes son víctimas de reclutamiento, uso y utilización.
Tibú tiene el mayor número de casos registrados, con un total de 35 con corte a julio de este año. Frente a esta situación, la Defensoría instó al Ministerio del Interior a articular urgentemente las 20 recomendaciones formuladas en la ATI, pidiendo “implementar medidas integrales efectivas que disuadan, mitiguen y alejen el riesgo, con enfoque diferencial”.
Entre las acciones solicitadas se incluye la necesidad urgente de desarticular los grupos ilegales, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y líderes sociales, y destinar recursos para el desminado humanitario, especialmente cerca de escuelas.
La violencia afecta de manera diferenciada al pueblo indígena Barí y a la comunidad binacional Yukpa, así como a líderes sociales y población migrante venezolana, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y violencias basadas en género.