La violencia contra las personas que pertenecen a la comunidad Lgbtiq+ durante el mes de septiembre generó preocupación en todo el país, especialmente tras el asesinato de seis mujeres transgénero, dos hombres gay y un hombre transgénero, por lo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta.
“Estos nuevos casos se suman a 71 documentados por la Defensoría del Pueblo, en articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fiscalía General de la Nación. Los registros evidencian una preocupante concentración de violencias en los departamentos de Antioquia, 28 casos; Valle del Cauca, 14; Bolívar, 5; Magdalena, 4; y Atlántico, 3″, indicó la institución.
La Defensoría destacó que las mujeres transgénero son una población especialmente expuesta a la violencia y a formas de exclusión social por cuenta de su identidad de género.
Entre el 1 de enero y el 2 de octubre fueron asesinadas 25 mujeres trans en diversas circunstancias, algunas de ellas por posibles feminicidios, por crímenes de odio y también por barreras en el acceso a sus derechos.
“De otra parte, los resultados en materia de prevención, atención y acceso a la justicia para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) que sufren discriminación y violencia son limitados”, detalló la Defensoría.
Dicho factor confluye negativamente para que las violencias que se basan en los prejuicios aumenten en distintas regiones del país, por ello es necesaria una respuesta articulada, efectiva y con enfoque territorial por parte del Estado.
“Urgimos a fortalecer la operatividad y el alcance de la Mesa Nacional de Casos Urgentes (MCU), actualmente bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, como mecanismo clave para la atención inmediata y articulada de los casos de violencia contra personas con OSIGNH”, se enfatizó desde la Defensoría a través de un comunicado.
De la misma manera, la institución solicitó al Gobierno Nacional cumplir con su compromiso con las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de avanzar en la convocatoria de un espacio que esté orientado a implementar acciones que le den una respuesta integral a las necesidades de protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
La Defensoría enfatizó en que “este esfuerzo debe traducirse en compromisos concretos que fortalezcan la capacidad institucional del Estado, desde un enfoque de seguridad humana y en coherencia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo”.
Además, es importante que se discuta y se apruebe el proyecto de Ley Integral Trans, pues de esta manera se puede aportar a superar barreras institucionales y constitucionales que afectan a esta población específicamente.
De la misma manera, la entidad hizo un llamado a la sociedad colombiana para rechazar toda forma de violencia y discriminación que se base en el prejuicio y a las entidades públicas para que garanticen que su accionar esté libre de sesgos y estigmatizaciones.
“La violencia contra las personas Lgbtiq+ por sus decisiones y expresiones personales es intolerable”, puntualizó la Defensoría del Pueblo.