Este miércoles comenzó la audiencia de conciliación contra el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dentro del caso que investiga la divulgación ilícita de la historia clínica del menor de siete años Kevin Arley Acosta Pico, en el cual el abogado de la familia solicitó que se investigara al mismo político, al igual que el expresidente Gustavo Petro, por el delito de homicidio culposo.
El menor de edad, quien padecía de hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero, tras sufrir, cinco días antes, una caída en bicicleta que le provocó hemorragias por la nariz y uno de sus oídos.
Aunque inicialmente Petro y Jaramillo atribuyeron el deceso a la responsabilidad de la familia por lo ocurrido, la investigación estableció que el menor padecía hemofilia severa, por lo que necesitaba un tratamiento médico permanente, y llevaba casi dos meses sin recibir el medicamento que necesitaba para controlar la enfermedad.
Tras el accidente, Kevin fue remitido inicialmente al hospital de su municipio y posteriormente al de Pitalito, Huila. Allí se informó a la familia sobre la necesidad de practicarle una cirugía, pero la madre se negó ante el riesgo de una hemorragia masiva, debido a que el menor no contaba con el medicamento necesario para el procedimiento. Finalmente, fue trasladado a Bogotá, donde llegó en grave estado de salud y falleció en el Hospital La Misericordia.
Su muerte desencadenó dos líneas de investigación: en la primera son investigados el expresidente Petro, a quien la Fiscalía pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigarlo, y el exministro Jaramillo, por la divulgación pública de datos de la historia clínica de Kevin, información que tiene restricción legal por tratarse de un menor de edad.
La segunda busca identificar a los responsables de impedir el tratamiento del menor. Allí no han podido ser imputados Luis Óscar Galves Mateus, interventor de la Nueva EPS, quien para la Fiscalía tenía una posición de garante y debía asegurar la calidad y oportunidad de los servicios médicos.
También está implicado el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas, quien ha sido señalado presuntamente como la persona que revisó al menor en enero de este año y ordenó únicamente exámenes de laboratorio y no programó el medicamento para febrero, teniendo en cuenta la condición del niño.
Durante esta audiencia inicial se pudo conocer que la familia del menor solicitó que se hiciera una investigación contra Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo.
“No se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia. Por esa razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes”, manifestó el abogado Wilson Ruiz.
Los demás implicados son Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte de Alto Costo, quien debía garantizar la continuidad del tratamiento del menor, y Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria, quien no habría verificado la cobertura para que el tratamiento se realizara con éxito.
Dentro del expediente, que está en poder de la Fiscalía, reposa un informe de la Procuraduría que concluye que la falta de suministro del tratamiento conocido como Emicizumab puso al niño en una “situación clínica crítica”.
Según el Ministerio Público, el menor estuvo todo ese tiempo sin recibir el fármaco, luego de que Medicarte, la IPS encargada de su atención, suspendiera las entregas a los usuarios por la falta de pagos de la Nueva EPS.
Asimismo, identificó una falla en la red de atención: la IPS Integral, que debía recibir a los pacientes trasladados de Medicarte, tampoco pudo asumir su atención porque la Nueva EPS no le giró los recursos correspondientes. La conclusión de ese informe fue contundente: el fallecimiento ocurrió por negligencia de la Nueva EPS.
* Con información de Colprensa.