El abogado penalista Jaime Granados, quien es el líder de la defensa legal del expresidente Álvaro Uribe, expresó su inconformismo por la apertura de investigación penal de la Fiscalía General de la Nación contra su cliente por crímenes de paramilitarismo en Antioquia cuando fue gobernador de este departamento.
Granados afirmó que el anuncio del ente acusador obedece a motivaciones políticas, teniendo en cuenta que se da a tan solo pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia que se llevará a cabo este domingo 21 de junio del 2026.
Frente a este contexto, según lo informado por el periódico El Tiempo, la defensa del líder natural del Centro Democrático se encuentra evaluando emprender acciones contra la fiscal Gloria Marcela Abadía, quien es la encargada de tener en su poder el expediente.
El jurista ante el medio citado aclaró que en el proceso hubo pruebas decretadas que estaban en curso y que habían sido solicitadas de manera oportuna con el propósito de demostrar la inocencia del exmandatario. El plazo para hacer este proceso, según Grandos, vencía el próximo 3 de julio.
“La fiscal del caso se anticipa de manera abrupta y sorpresiva, a tres días de la segunda vuelta electoral”, indicó.
Asimismo, dejó en claro que el llamado a indagatoria se trata de una estrategia que al parecer pretende afectar el derecho a la defensa de Uribe.
Y es que la evidencia que estaba recogiendo Granados y su equipo era clave, aclarando al mismo tiempo que hay una irregularidad en la medida porque no hay una fecha establecida para la indagatoria.
“No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron? Aquí la única motivación es política, para producir un impacto político porque las pruebas están a favor del expresidente. Es un abuso de poder”, agregó el penalista.
Es de resaltar que la fiscal Abadía se encuentra aspirando a convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Esta apertura de investigación se da después de que una tutela fuera radicada por el exfiscal general y exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien en los últimos años, por ser uno de los enemigos políticos de Álvaro Uribe, llegó a ser reconocida como una de las presuntas víctimas en el caso de soborno a testigos en que el expresidente fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda.