La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió, hace unos días, el caso de una mujer de 87 años de edad, condenada en Colombia por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador.
El fallo confirmó parcialmente la condena, pero introdujo modificaciones que impactan directamente en el cumplimiento de la pena.
Según lo que se conoce, la mujer, quien fue representante legal de una empresa, tenía la responsabilidad de cumplir con las obligaciones tributarias, entre ellas consignar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los valores recaudados por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sin embargo, durante varios períodos incumplió con la consignación en los plazos establecidos por el Gobierno, pese a haber declarado los montos correspondientes.
Por ello, en primera instancia, un juzgado de Bucaramanga la condenó a pena carcelaria por la omisión en sus deberes fiscales. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la sentencia en apelación y negó la posibilidad de prisión domiciliaria, lo que generó controversia dado el estado de salud y la avanzada edad de la acusada.
El caso tuvo tanta trascendencia, que finalmente llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que advirtió fallas en el respeto a las garantías mínimas del debido proceso en las sentencias anteriores, por lo que, finalmente, la adulta mayor recibió el beneficio por parte de la Corte de cumplir su pena bajo la figura de prisión domiciliaria.
“A sus 87 años e incluso dejando de lado las enfermedades que la aquejan, obligaba de los falladores ordinarios, desde luego con pleno apego a la ley, examinar de fondo esas circunstancias —mujer de avanzada edad— que la hacen vulnerable y obligan de especial tratamiento, en tanto, desde allí se conocía que, en efecto, puede acceder al mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria, dado que no existen prohibiciones legales para el efecto, como antes se anotó e incluso aceptó el a quo”, manifestó la Corte.
Según lo publicado por Semana sobre el caso, para acceder a este beneficio, la mujer, de la que no se detalló su nombre, debió suscribir un compromiso formal y presentar caución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
No obstante, aseguró el ente, que durante su condena la mujer debe contar con todos y cada uno de los permisos que requiera para su atención médica.