Hay conmoción en Colombia luego de confirmarse el hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años cuyo paradero era desconocido desde el pasado 12 de agosto.
La menor, que desapareció del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, fue encontrada este viernes, 29 de agosto, cerca del río Frío, zona que los organismos de socorro y las autoridades ya habían inspeccionado.
Tras el hallazgo que enluta al país, la Fiscalía General de la Nación envió personal del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de bomberos del departamento, para inspeccionar el cuerpo de la menor que fue encontrado por un ciudadano de la zona.
En su comunicado, el ente judicial precisó que personal “se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona”.
Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan confirmar plenamente su identidad.
Tras confirmarse la muerte de la niña, son muchas las dudas que los investigadores deberán resolver. Una de las más inquietantes tiene que ver con la aparición del cuerpo en una zona que ya había sido inspeccionada por las autoridades.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca advirtieron que “son mínimas las posibilidades” de que el cuerpo estuviera en el mismo punto desde días atrás, teniendo en cuenta el amplio despliegue que se hizo para buscar a la niña en la zona del río.
“Se hizo trabajo con buzos, con botes y con más de 1200 horas con drones y cámaras térmicas. Además de personal de bomberos, tuvimos un grupo especializado. Hicimos un barrido de 20 metros a la redonda. no escatimamos en esfuerzos”, precisó el capitán Álvaro Farfán.
En medio de la indignación por la muerte de la menor diagnosticada con Síndrome de Down, los padres de familia y distintas instituciones del país han exigido que se haga justicia.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, el colegio tardó tres horas en notificar a las autoridades la desaparición de la niña. Sumado a esto, la alerta amarilla de Interpol llegó ocho días después.
En entrevista con Colprensa, el abogado de la familia, Julián Quintana, expuso que esas demoras causaron importantes retrasos en la investigación. Y añadió que la principal hipótesis siempre estuvo relacionada con un caso de desaparición forzada.
“Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible desaparición forzada (...), la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día”, indicó la familia de la menor.