La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de enviar a la cárcel al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de la Ungrd.
El fallo no solo reafirma que el hombre debe ser privado de la libertad, sino que le suma otro delito al expediente de González.
“La decisión precisa que la privación de la libertad no solo es necesaria por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, y peculado por apropiación en favor de terceros, como lo había señalado la primera instancia, sino que también resulta pertinente por lavado de activos”, expuso la Fiscalía General de Colombia.
Cabe recordar que la defensa del acusado había presentado una apelación por la primera orden de encarcelamiento, argumentando que las acusaciones contra su cliente eran “calumnias sin fundamento” y señalaba que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”.
No obstante, en las últimas horas, el Tribunal no le dio la razón al equipo de defensa y reafirmó su decisión de enviar a prisión a González en segunda instancia.
La decisión del Tribunal, aunque es importante, no puede ser ejecutada inmediatamente, ya que González se encuentra asilado políticamente en Nicaragua. Hecho por el que es investigado disciplinariamente Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, quien sería el responsable de haber ayudado al exdirector del Dapre a huir de la justicia colombiana.
Ramón González y su residencia en Nicaragua
Según los documentos conocidos, Muñoz sería quien facilitó los trámites desde la Cancillería de Colombia a la de Nicaragua para renovarle los documentos migratorios a Carlos Ramón González para que huyera hacia Nicaragua, en medio del proceso judicial que se llevaba en su contra.
Concretamente, González es señalado de solicitarle, en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, al exdirector de la Ungrd Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, coimas obtenidas ilícitamente de ese convenio para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
La justicia colombiana señala que el hombre envió $3.000 millones a Name a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
Con información de Colprensa.