Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), solicitó medidas urgentes para proteger su vida y la de su familia, luego de ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. La petición fue presentada mediante una carta de nueve páginas dirigida a Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, el exfuncionario manifestó que las amenazas en su contra estarían relacionadas con la información que ha entregado a las autoridades sobre el escándalo de corrupción en la entidad. Por esa razón, pidió que se adopten acciones para garantizar su seguridad personal y la de sus familiares.
Pinilla también advirtió que necesita condiciones adecuadas para continuar con sus compromisos como testigo colaborador en las investigaciones penales que buscan esclarecer el desvío de recursos de la UNGRD.
La solicitud se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara su traslado al centro penitenciario La Picota el pasado martes, para que continuara allí el cumplimiento de la condena impuesta por su participación en los hechos de corrupción.
En la comunicación, Pinilla cuestionó la decisión administrativa que dispuso el cambio de lugar de reclusión. Según argumentó, la Resolución 8041 del 6 de octubre de 2026 no habría considerado suficientemente las circunstancias particulares de su caso y podría vulnerar las garantías del debido proceso.
Desde agosto de 2024, el exsubdirector permanecía privado de la libertad en una guarnición militar de Bogotá, por disposición del Juzgado 35 de Control de Garantías. La medida contemplaba la necesidad de proteger su vida e integridad.
Posteriormente, en abril de 2025, el Juzgado 10 Especializado de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión, luego de que aceptara su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, mediante un preacuerdo con la justicia.
Ante la Corte Suprema, Pinilla solicitó promover una coordinación urgente entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el propósito de garantizar la efectividad de las medidas de protección.
Asimismo, pidió que se solicite a la autoridad penitenciaria un informe sobre las razones de su traslado y el tratamiento de las decisiones judiciales previas.
Pinilla aseguró que durante los últimos dos años y medio ha entregado información a la Fiscalía y a la Corte Suprema que ha permitido abrir nuevas líneas investigativas y vincular judicialmente a varios implicados.
Entre ellos figuran los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.