Tres hombres fueron capturados por las autoridades tras ser sorprendidos merodeando e ingresando a las instalaciones internas de la casa del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos.
El vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, hizo público un video que contiene las imágenes y fotografías de los implicados, quienes permanecen bajo la custodia de los organismos judiciales.
Al verificar los antecedentes penales de los detenidos, los investigadores confirmaron que registraban antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio y ocho hurtos agravados. De igual forma, los esquemas de seguridad reportaron la presencia de una persona adicional en actitud sospechosa cerca del centro educativo al que asisten los hijos del director.
El individuo se retiró del lugar ante la llegada de los efectivos de la Policía Nacional, por lo que las fuerzas de inteligencia adelantan labores para establecer su identidad.
Estos episodios de acoso se registraron el 28 de octubre de 2026, pocos días después de que Ríos Puerta compareciera el 21 de octubre ante la Comisión Segunda del Senado de la República.
En esa instancia legislativa, el funcionario expuso hallazgos sobre la vinculación de 48 mujeres al DAPRE mediante órdenes de prestación de servicios en el periodo anterior.
Según su declaración, “esos contratos, pagados con recursos públicos y en el marco de una relación de poder, habrían servido para que estas mujeres estuvieran con el expresidente Gustavo Petro”. A raíz de estos señalamientos, la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar que incluye inspecciones a la entidad y citaciones a declarar para el director Ríos y las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno Nacional expresó su solidaridad con el funcionario y su entorno familiar, exigiendo a las autoridades judiciales esclarecer si la presencia de personas con prontuario criminal guarda relación con el expediente presentado en el Congreso.
En un comunicado oficial emitido el 3 de noviembre, la administración afirmó que “ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”.
El Ejecutivo garantizó el refuerzo de las medidas de protección de la familia Ríos, mientras avanzan las declaraciones de las contratistas involucradas para formalizar las denuncias penales correspondientes.
Por ahora, será un juez de la República quien determine si hay alguna conducta punible por parte del expresidente Petro en relación a lo denunciado.