El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que quienes estén comprometidos e involucrados en el atentado al senador Miguel Uribe jamás podrán acogerse a la ley de sometimiento que el gobierno presentó al Congreso para acelerar las conversaciones que adelanta con varias organizaciones al margen de la ley.
“Pues no pueden entrar a este proceso de paz, ¡Jamás! Las personas que estén comprometidas con la tentativa de homicidio contra el senador Miguel Uribe, jamás podrán entrar a este marco de justicia transicional o de sometimiento", aseguró Montealegre a Blu Radio.
El jefe de la cartera de Justicia explicó que los involucrados en ese ataque no podrán acogerse a los beneficios jurídicos del proyecto de ley, dado que la decisión de quién es cobijado o no por la eventual norma lo define el Gobierno, que tiene claro cuáles son los grupos que accederían a la ley.
“¿Por qué? Porque la llave para entrar a estos procesos las tiene el Gobierno. Solo con quien el Gobierno determine que tiene una negociación de paz, con una voluntad expresa, pueden entrar. Pero quienes estén comprometidos en el atentado contra Miguel Uribe jamás podrán entrar en estos modelos de justicia transicional o sometimiento", puntualizó Montealegre.
Hasta el momento, seis personas están detenidas y vinculadas con el atentado contra el congresista, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, mientras adelantaba una jornada de proselitismo político, como precandidato presidencial del partido Centro Democrático.
Algunas versiones apuntan a que la orden para atacar a Uribe habría sido dada por disidentes de la Segunda Marquetalia, en particular se señala como presunto responsable intelectual a José Aldinever Sierra Sabogal “Zarco Aldinever”.
Montealegre sostuvo que el proyecto de sometimiento se basa sobre tres ejes: justicia transicional, sometimiento a organizaciones al margen de la ley y personas investigadas por su participación en las protestas sociales.
En ese punto, el Ministro dijo que la iniciativa eventualmente beneficiaría a ocho grupos armados ilegales con los que el Gobierno adelanta conversaciones, tres de los cuales tienen estatus político por ser considerados insurgentes, entre ellos Comuneros del sur, la disidencia del ELN afincada en Nariño.
Los otros dos serían disidentes de las extintas Farc, mientras que los restantes cinco grupos pertenecen al crimen organizado de gran impacto, como el Clan del Golfo.