El homicidio de la presidenta del Concejo del municipio de Obando, Mileidy Villada, encendió nuevamente las alertas sobre la seguridad de los servidores públicos en el Valle del Cauca.
Este delito fue perpetrado por sicarios el pasado 7 de mayo, generando rechazo y reactivando la preocupación sobre las garantías que tienen los cabildantes para ejercer la política en medio de las amenazas que reciben constantemente en diversos municipios.
A ese panorama se suma la incertidumbre sobre la investigación del caso.
El Departamento de Policía Valle informó a El País que el proceso está siendo adelantado por la Seccional de Investigación Judicial, Sijín, bajo la coordinación de la Fiscalía.
Según las autoridades, el crimen contra Villada habría sido ejecutado por estructuras criminales que tienen presencia en ese municipio del norte. Los presuntos autores materiales, “una vez ejecutan el homicidio, toman la vía nacional con dirección Obando-La Victoria”, indicaron desde la institución.
En medio del proceso investigativo, las autoridades establecieron que la víctima fue mencionada previamente en mensajes amenazantes que circularon a través de WhatsApp. “Mencionaban diferentes personas, entre esas a ‘Leidy, la concejal’, haciendo referencia a la fallecida”, se añadió desde el Departamento de Policía Valle.
De la misma manera, se indicó que a la política se le brindaron medidas de autoprotección y que se había solicitado que se le asignara un esquema de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
María del Carmen Londoño, concejala de Cali.No podemos permitir que las diferencias se resuelvan silenciando a las personas. El debate político debe darse en democracia, sin amenazas ni violencia”
Para esclarecer este delito, la Gobernación del Valle del Cauca dispuso una recompensa de hasta $100 millones para quien dé información que permita encontrar a los responsables.
Pero ese asesinato no fue un caso aislado. En los últimos tres años, otros tres cabildantes han sido víctimas de homicidio en el Valle del Cauca.
El 2 de enero de 2024 murió el concejal de Tuluá Eliecid Ávila, del Partido Conservador, quien fue atacado por sicarios el 31 de diciembre de 2023 mientras departía con su familia en el tradicional barrio Victoria.
Posteriormente, el 19 de abril de 2024, el cabildante Carlos Arturo Londoño, del mismo partido, fue víctima de un atentado sicarial cuando salía de un evento de la Alcaldía de Tuluá. En ese hecho también falleció la funcionaria Clarivet Ocampo.
En Jamundí fue asesinado a disparos el concejal Jhon Fredy Gil, del Partido Mais, reconocido líder social y miembro de la comisión política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola.
Cali, en alerta por amenazas
La preocupación también se siente en la capital vallecaucana, puesto que, de acuerdo con los cabildantes, a través de redes sociales han circulado intimidaciones en un video que habla, incluso, de atentar contra el Centro Cultural de Cali, recinto donde sesiona el Concejo actualmente.
La Policía Metropolitana de Cali le confirmó a El País que se recibieron las denuncias por amenazas de tres cabildantes de la capital vallecaucana por injuria y calumnia. Además, el video es objeto de verificación para avanzar con la identificación de los responsables.
Ante esta situación, varios concejales de Cali se unieron a la solicitud de reforzar las medidas de seguridad.
La presidenta de la corporación, Daniella Plaza, aseguró que se están adelantando acciones con las autoridades competentes para atender esta situación.
“Ya iniciamos conversaciones con la Policía Metropolitana y vamos a adelantar las medidas que sean necesarias frente a estas denuncias”, dijo en su intervención en una de las plenarias.
Plaza advirtió que este tipo de intimidación no solo pone en situación de riesgo a los servidores públicos, sino también a todos los ciudadanos que participan de las sesiones.
“Cuando se habla de incendiar el lugar con las personas adentro, no se trata solo de los concejales. Allí hay equipos de trabajo, ciudadanía, Policía y funcionarios de la Administración Distrital”, enfatizó la presidenta.
El concejal Roberto Ortiz, de la curul de oposición por el movimiento Firme con Cali, advirtió que este panorama es delicado y que el asesinato de Mileidy Villada demuestra que las intimidaciones pueden materializarse.
“De las amenazas se pasa a los hechos”, dijo, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en el Centro Cultural de Cali durante las sesiones del Cabildo.
Edinson Lucumí, concejal de Cali.Hoy no hay garantías plenas para ejercer la labor de concejal con tranquilidad, ni en el recinto ni en los territorios”.
Ortiz reconoció que ha sufrido previamente intimidaciones, por lo que opta por modificar su rutina ante el riesgo que ello representa: “Toca tomar decisiones drásticas, como no salir tanto a espacios públicos, porque yo suelo reunirme con las comunidades en los barrios, pero uno no sabe dónde se puede producir un hecho”.
Por su parte, el concejal por el Pacto Histórico Mauricio Zamora aclaró a este medio de comunicación que no se debe criminalizar al ciudadano que realizó el video, puesto que las amenazas fueron realizadas de manera anónima en los comentarios y no por el líder social.
“El planteamiento es alentar a que la ciudadanía tenga una postura crítica de las actuaciones del Concejo, pero sin ejercer la violencia verbal, ni mucho menos física”, señaló.
Además, Zamora afirmó que la situación de seguridad afecta no solo a los cabildantes: “En general, todos estamos expuestos, no solamente los concejales, sino toda la ciudadanía, por las circunstancias de violencia que se presentan en la ciudad”.
Y, a partir de ese planteamiento, solicitó a las autoridades garantizar la protección de los servidores públicos.
Desde otra orilla, la concejala Alexandra Hernández Cedeño, del partido Cambio Radical, expresó que los mensajes que se difundieron en redes sociales son preocupantes.
“Es muy grave que se esté hablando de quemar el Concejo con los concejales adentro. Allí no solo estamos nosotros, también ciudadanos, funcionarios y equipos de trabajo”, por lo que consideró que se debe pensar en una paz política.
Alexandra Hernández, concejala de Cali.Es muy grave que se esté hablando de quemar el Concejo con los concejales adentro, porque allí no solo estamos nosotros, también están los ciudadanos”.
Añadió que este tipo de reacciones obligan a extremar las medidas de protección, ya que muchos cabildantes, como en su caso, han tenido amenazas directas: “Hace poco tengo nuevamente el esquema de protección, pero estuve prácticamente dos meses sin él y hoy Cali, por naturaleza, se está convirtiendo en una ciudad de verdad violenta”.
De la misma manera, María del Carmen Londoño, cabildante del Pacto Histórico, solicitó reducir la tensión en el debate público y rechazar la violencia. “No podemos permitir que las diferencias se resuelvan silenciando o matando a las personas”, dijo.
Y destacó que existen medidas de protección para los servidores, puesto que “hay asignado mínimo un policía para cada concejal y seguridad alrededor del hemiciclo”. Añadió que la participación de los ciudadanos no debe limitarse.
Las condiciones del recinto
Los concejales coincidieron en que el Centro Cultural de Cali no es un lugar con plenas garantías de seguridad, pues, a pesar de que cuenta con seguridad privada, es un sitio público.
Roberto Ortiz le dijo a El País que deberían ser más estrictos con el acceso de los ciudadanos. “Se debería actuar como en el Congreso de Colombia, que para ingresar tiene que ser autorizado por un representante o un senador. Aquí debería pasar lo mismo, para asumir responsabilidades”.
Alexandra Hernández, por su parte, hizo énfasis en que el parqueadero de ese recinto es público, lo que, en su parecer, es un problema de seguridad: “Eso hace que tengamos mayor riesgo”.
Roberto Ortiz, cabildante de Cali.De las amenazas se pasa a los hechos, y lo ocurrido en Obando es una prueba de ello. Por eso estamos pidiendo reforzar la seguridad en el recinto, porque es un lugar vulnerable”.
Mauricio Zamora, de su lado, expresó que se han tomado las medidas pertinentes, ya que “20 concejales tienen esquemas de la Unidad Nacional de Protección, y digo 20 porque yo no tengo”.
Además, mencionó que la Policía ha estado en el interior del recinto durante el último periodo: “Pienso que hay toda la disposición por parte de la autoridad, en este caso la Policía, de prestar todo el apoyo”.
Sobre el tema, desde la Policía de Cali se manifestó que se reforzó el acompañamiento en las plenarias del Cabildo y que se va a mantener la presencia institucional en el lugar, en medio de las tensiones recientes relacionadas con decisiones de esa corporación.
El País consultó a la Secretaría de Seguridad del Valle del Cauca al respecto, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. Además, se contactó a la Secretaría de Seguridad de Cali, pero su titular, Javier Garcés, manifestó, a través de su oficina de prensa, que prefería no pronunciarse.