En una audiencia marcada por fuertes señalamientos de corrupción, la justicia colombiana impuso medidas cautelares al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, de origen ruso. Aunque el proceso no lo envía a prisión, sí restringe de manera significativa su movilidad, no podrá salir del país mientras enfrenta las acusaciones de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
Aunque no fue recluido en un centro carcelario, el mandatario quedó bajo una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. El juzgado determinó que este mecanismo es indispensable para garantizar que Krasnov asista puntualmente a las audiencias y no dilate el proceso, como según las autoridades ya lo había hecho en etapas anteriores.
El proceso se relaciona con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. La Fiscalía señaló que el alcalde habría favorecido al abogado Juan Sebastián Ramírez García con un contrato dentro de la administración municipal, a cambio de que desistiera de una demanda de nulidad electoral en su contra.
Dicho acuerdo, según la investigación, permitió frenar una inminente medida cautelar del Tribunal Administrativo de Boyacá que podría haber suspendido a Krasnov del cargo.
En la audiencia, el juez Martín Hernán Martínez calificó las actuaciones del mandatario como un ejemplo del “cáncer de la corrupción”. Respaldó las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyó que sí existió interés indebido en contratos, además de intimidaciones contra testigos del caso.
El togado explicó que no existía otro mecanismo menos invasivo para asegurar su comparecencia y que, siendo ciudadano extranjero, existía el riesgo de que abandonara Colombia para eludir la justicia. Por ello, ordenó notificar a Migración Colombia para impedir su salida del país.
El fiscal delegado Oscar Fernando Díaz Rodríguez resaltó que la medida era necesaria para preservar la dignidad de la administración pública. “Un alcalde y una gestora social tienen una dignidad, esto no es una entidad privada y ni la alcaldía ni el municipio pueden estar al servicio de intereses particulares”, afirmó durante la diligencia judicial.
La Fiscalía advirtió, además, que la pareja sentimental de Krasnov tiene vínculos familiares en el exterior, lo que aumenta la posibilidad de una evasión.
La medida cautelar incluye la obligación de que el alcalde se presente cuando lo requiera el juez, la prohibición de salir del país y la orden de no comunicarse con Eduardo Camargo, exgerente de Ecovivienda, a quien habría amenazado.
La Procuraduría respaldó la decisión y el abogado de Krasnov no interpuso recurso de apelación, lo que dejó en firme la resolución.