Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer que habría sometido a su hijo de 5 años a graves agresiones que desencadenaron en su muerte el pasado 9 de mayo, en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Al parecer, según las investigaciones, la mujer sometía constantemente al menor a crueles maltratos.
Así lo demuestra la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI de la Seccional Medellín, la cual da cuenta de que entre los meses de febrero y mayo de este año, la madre del menor, de 28 años de edad, habría golpeado con cables eléctricos y objetos contundentes al menor de edad.
Según la Fiscalía, el pasado 9 de mayo, al parecer, la investigada le propinó un fuerte golpe en el abdomen al pequeño.
Precisamente ese golpe le generó al menor una peritonitis y le ocasionó la muerte. Según lo señala el dictamen de medicina legal, el pequeño de tan solo cinco años presentaba 120 lesiones abrasivas o heridas superficiales en el cuerpo, con diferentes estadios de cicatrización.
El constante maltrato de la mujer se produjo en la vivienda en la que vivía ella junto a sus dos hijos menores de edad, la cual está ubicada en el sector La Avanzada, del barrio Santo Domingo de la ciudad de Medellín.
Tras conocer los hechos, la mujer fue capturada el pasado 27 de junio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La Fiscalía dio a conocer que la madre del menor fue imputada por los delitos de tortura y homicidio, ambas conductas agravadas.
Durante las audiencias preliminares, no aceptó los cargos y un juez determinó su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario.
Extinción de dominio
Por otro lado, la Fiscalía dio a conocer que actuó sobre el patrimonio ilícito de las redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.
Por ello, dos bienes, avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.
Los activos están representados en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, que, según las investigaciones, habría sido utilizado para facilitar el desarrollo de actividades de tipo sexual con menores de edad.
Las autoridades pudieron constatar el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes.
Las medidas cautelares fueron decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Las propiedades quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, mientras avanza el proceso correspondiente.