En el salón Grand Ballroom del Hotel Grand Hyatt, el Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló este viernes la Misión de Observación Internacional (MOI) que acompañará las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El acto, encabezado por el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente de la corporación, reunió en un mismo escenario a la máxima autoridad electoral del país, a las altas cortes, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las principales delegaciones extranjeras acreditadas, dos días antes de la jornada de votación.
La cifra define la jornada: 1.330 observadores internacionales debidamente acreditados conforman la misión, la más numerosa en la historia electoral colombiana. La progresión es notable. En la segunda vuelta presidencial de 2022 el país recibió 418 observadores; cuatro años después, la presencia internacional casi se triplica.
Quiénes integran la misión
La MOI no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de actores que cubren todo el espectro de la observación electoral. Las veintiséis organizaciones participantes incluyen organismos multilaterales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA); redes de cooperación electoral como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Association of World Election Bodies (A-WEB); centros especializados como el Centro Carter, el Instituto Internacional Republicano (IRI) y Transparencia Electoral; parlamentos regionales como el Parlamento Andino y el Parlamento del Mercosur (Parlasur); y autoridades electorales extranjeras, entre ellas el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
A ese conjunto se suman cuatro embajadas con acreditación oficial —Estados Unidos, Indonesia, República Dominicana y El Salvador— y misiones independientes de Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador y España que solicitaron invitación. En total, veintidós países confirmaron su participación, desde Argentina, Brasil y Chile hasta Dinamarca, Indonesia y Corea del Sur.
La misión también tiene un componente técnico singular: treinta observadores expertos en software electoral realizan verificación, revisión y análisis de la plataforma tecnológica dispuesta para los comicios, una capa de auditoría especializada que escruta la arquitectura digital del voto.
Entre las voces de mayor jerarquía figura José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA entre 2005 y 2015 y hoy jefe de misión de Transparencia Electoral, encargado de exponer el rol estratégico de la observación internacional en la integridad electoral. Junto a él, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) e integrante de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, aporta la perspectiva de género y el fortalecimiento de las magistraturas electorales en el hemisferio.
Dos capas de vigilancia sobre el voto
La observación internacional no opera sola. De forma simultánea, las agrupaciones políticas en contienda registraron 373.612 testigos electorales nacionales, que cubren el 98,31 % de las cerca de 122.000 mesas de votación del país. La cifra representa un incremento del 105,3 % frente a las presidenciales de 2022. La combinación de vigilancia ciudadana y acompañamiento internacional configura, según el CNE, una doble garantía para la integridad de los resultados.
Tres acuerdos para institucionalizar la cooperación
La jornada cerró con la firma de tres instrumentos de cooperación internacional suscritos por el presidente del CNE. El primero, una carta de entendimiento con AMEA, rubricada por la magistrada Soto Fregoso. El segundo, un memorando con IDEA Internacional, firmado por su directora para América Latina y el Caribe, Marcela Ríos Tobar. El tercero, un memorando con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, suscrito por el magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. Los acuerdos institucionalizan líneas de trabajo de largo plazo en igualdad de género, participación política de las mujeres, asistencia técnica e innovación tecnológica.
El respaldo institucional colombiano
La instalación reunió, además, a las instituciones que sostienen el andamiaje de garantías del proceso: la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales, el propio CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La observación electoral en Colombia se rige por la Resolución 447 de 1997, que consagra como principios rectores la imparcialidad, la neutralidad y la transparencia, y delimita con precisión lo que los observadores pueden y no pueden hacer.
Tras la instalación, los 1.330 observadores se desplegarán por el territorio nacional el 30 de mayo y acompañarán la jornada del 31. La operación se extenderá hasta el 1.° de junio, cuando las delegaciones acreditadas participen en los espacios de evaluación poselectoral.